La Defensoría del Pueblo creará una comisión especial con el propósito de investigar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, en el marco de las protestas suscitadas en Ecuador. Además, analizará casos concretos que luego serán remitidos a las autoridades competentes. Así lo dio a conocer Harold Burbano, director tutelar de dicha institución.
En su comparecencia ante el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos dijo que durante las protestas fallecieron 10 personas, sin embargo, fue enfático al afirmar que la Defensoría no realiza acusaciones específicas, sino que recaba datos, los confirma y pone a disposición de las entidades específicas, aclaró que las sanciones deberá determinar la Fiscalía.
Manifestó, también, que el papel de monitoreo cuantitativo efectuado por la Defensoría debe traducirse en nombres y personas, no quedarse en un dato duro ni en la interpretación política, es necesario que se haga justicia y exista una reparación, apuntó. Al mismo tiempo, reconoció que del lado de los manifestantes como del Gobierno hubo actos que violaron derechos humanos.
Detenciones
Durante las protestas hubo 1.192 civiles aprendidos, de acuerdo con información de la Fiscalía, hasta el 12 de octubre, se procesaron a 266 personas eso significa, que el 75% fueron liberadas luego de 24 horas, esto se puede prestar a dos interpretaciones informó: “La Función Judicial vio que no hubo elementos y los liberó o existió una masiva detención sin determinar un elemento claro de responsabilidad”.
Agresiones y solidaridad
Al grupo parlamentario acudieron Yajaira Urresta y Nicolle Villafuerte, quienes indicaron que durante las protestas se violentaron sus derechos humanos y fueron agredidas por la fuerza pública. Los legisladores presentes se solidarizaron con ambas mujeres y acordaron que desde su rol fiscalizador solicitarán investigaciones transparentes para que se sancionen a los responsables de los actos violentos.
SV/cz
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