Con la participación de actores sociales, el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, liderado por el asambleísta Washington Paredes inició el análisis del veto del Ejecutivo al artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, referente a los delitos contra la flora y fauna silvestre.
La observación del Ejecutivo guarda relación con el artículo 52 de la propuesta presentada por Sea Shephed Conservation Society-Ecuador: esta propuesta es respaldada por el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, la Comisión de Biodiversidad y los asambleístas Karina Arteaga, Dennis Marín y Marcela Cevallos.
Los legisladores Washington Paredes, Dennis Marín y Nancy Guamba, quienes estuvieron en la reunión de trabajo, coinciden en ratificarse en el texto inicialmente aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Para Paredes, la objeción del Ejecutivo, supone que la protección de la flora y fauna, es solo para la que está amenazada o la que esté en la lista de peligro de extinción.
Por su lado, el legislador Dennis Marín dijo que como Grupo Parlamentario no deben acogerse a la objeción presidencial. En tanto, Nancy Guamba, como defensora de la naturaleza, manifestó que se espera que el tema pueda llevarse a cabo en el respeto como sujetos de derechos y dentro de ella, la naturaleza, por lo que está de acuerdo con la ratificación del texto original del artículo en mención.
Aportes de la ciudadanía
De su lado, la médico veterinaria Cristina Cely, directora de la Organización de Conservación Marina en Ecuador (Sea Shephed Conservation Society-Ecuador) al defender el texto planteado por su organización, argumentó que el veto presidencial se refiere a especies en amenaza y a los agravantes, lo que a su parecer, en la parte judicial, puede dar paso a una contradicción en la interpretación de la norma y esto podría traer a problemas a futuro, por lo que planteó ratificarse en el texto original.
Recordó que fueron ellos los que presentaron ante la Comisión de Justicia la propuesta de reforma a varios enunciados del artículo 247 del COIP que buscaba una mayor amplitud de protección para la fauna silvestre, ya sea terrestre, marina y acuática. Aseguró que el COIP vigente deja en el abandono a ciertos tipos de animales, como es el caso de los ciervos o venados de cola blanca que fueron asesinados en manos de cazadores. En este caso, no hubo pena o sanción por ser un grupo de animales que no se encontraban protegidos.
La reforma al artículo 247 acogida por la Comisión de Justicia, establece que la persona que cace, pesque, tale, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, provea y maltrate a un animal; además, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora, fauna silvestre, terrestre, marina o acuática, de especies listadas como protegidas por la autoridad ambiental nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
Además, se aplicará el máximo de la pena prevista, si concurre alguna en circunstancias donde el hecho se cometa en períodos o zonas de producción de semilla, de reproducción o incubación; anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies o en veda.
Por su parte Andrés Ortega, director Académico de la Universidad Tecnológica Equinoccial, (UTE), manifestó su postura sobre la ratificación del texto inicialmente aprobado y argumentó que en su experiencia de 20 años de trabajo, en la protección de la fauna silvestre, se ha evidenciado la existencia de vacíos legales que impiden llevar a cabo una sentencia que deje precedentes.
Peleas de gallo
Sobre la objeción al artículo 251 COIP, con respecto a las peleas de gallo y otros animales, Lorena Bellolio, presidente de Protección Animal Ecuador (PAE), defendió el texto aprobado por el Pleno de la Asamblea del que dijo fue el resultado de un trabajo en conjunto, al tiempo de aclarar que sus propuestas como fundación no fueron objetadas.
RSA/ea
