El propósito de la Comisión de Soberanía Alimentaria es escuchar diversidad de voces para que contribuyan a la elaboración del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. En este sentido, recibió a representantes de diversas Secretarías de Estado, quienes manifestaron sus inquietudes y observaciones, relacionadas con incentivos, fondos para investigación, seguridad marítima, regulación para trabajadores, entre otros temas.
Iván Ontaneda, ministro de Producción, hizo un breve análisis del aporte del sector pesquero a la economía del país y puntualizó que su actividad representa más de 1.600 millones de dólares en divisas, agregó que más de 150 mil personas dependen de esta actividad. Apuntó, además, que una de las exigencias de la Unión Europea (principal comprador) es que los países pequeros que desean exportar cuenten con un marco regulatorio disuasivo y efectivo contra la pesca ilegal.
De su parte, el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, precisó que sería conveniente que la ley planteé un cambio en la matriz productiva y que el Estado otorgue líneas de crédito para que la gente cambie su equipo que funciona con combustible a un sistema eléctrico. A la vez, subrayó que se debería generar un régimen laboral que verifique ciertas particularidades de la actividad acuícola y pesquera.
Llegó el turno para Marco Troya, de la Secretaría Nacional del Agua, quien pidió, entre otros puntos, trabajar en coordinación interinstitucional, prevenir y controlar la contaminación de recursos hídricos por actividades acuícolas y pesqueras y considerar al agua como un recurso que facilita la actividad.
Entre tanto, María del Pilar Solís, directora del Instituto Nacional de Pesca, solicitó la creación de un fondo para la investigación, porque contribuye al ordenamiento pesquero y acuícola, aseveró que sin estudios no se pueden tomar decisiones.
El combate a la pesca ilegal y que al sistema de acuicultura se integre al Ministerio de Transporte y Obras Públicas como ente rector, fueron las propuestas de Marcelo Loor, viceministro de Gestión del Transporte y Eduardo Aguirre Zapata, subsecretario de Puertos.
Mientras que el viceministro de Defensa, Diego Gómez, habló de la seguridad marítima y la concordancia que debe existir con otros cuerpos legales. A este criterio se sumó Humberto Gómez, director General de Intereses Marítimos, quien apuntó que es necesaria la Ley de Navegación. Agregó que la Ley de Pesca debe ser transversal a las normativas que tengan relación con protección del mar.
En las comparecencia participó además, Amada Ingeborg, subdirectora General de Normativa Aduaner, puntualizó que las embarcaciones de bandera extranjera deben sujetarse a la normativa aduanera vigente, el objetivo es ejercer control del ingreso al país. También dijo que se procederá al decomiso en caso de que se encuentren realizando operaciones de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales.
Finalmente Óscar Ojeda, coordinador de Espacios Acuáticos de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, añadió que la Armada debe estar presente en el articulado para cumplir con su función de combatir las actividades ilícitas en espacios acuáticos. Además, recomendó que todas medidas de ordenamiento se realicen en el marco de gobernanza.
Una vez concluidas las ponencias los legisladores presentaron alguna interrogantes a las autoridades, las cuales fueron respondidas en el marco de sus competencias. La mesa legislativa tiene previsto recibir a otros actores con el fin de que contribuyan al proyecto de ley.
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