La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, receptó este martes nuevas pruebas de cargo y de descargo, solicitadas por la interpelante, asambleísta Lira Villalva y por Zobeida Aragundi, exvocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de quienes formaron parte, temporalmente, del órgano de gobierno de la Función Judicial.
El primer compareciente, a pedido de la interpelante, fue Manuel Chum, exdelegado provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, quien justificó su pedido de traslado de los jueces de la Unidad Multicompetente de Samborondón, funcionarios sobre los cuales pesaban denuncias de toda índole, por retraso de justicia y otras causales, que recurrentemente salían en medios de comunicación, sobre todo de radio.
Indicó que dicho traslado cumplió con lo previsto en la Ley, que de ninguna manera constituía sanción y que, finalmente, no fue él quien tomó la decisión, sino el Director Nacional del Consejo, doctor Juan Vizueta Ronquillo.
De su lado, la doctora Mónica Reinoso, explicó que le correspondió asumir como encargada la Dirección de Transparencia de Gestión y fue esta instancia la que investigó las denuncias en contra de los jueces de la Unidad Multicompetente de Samborondón. Luego, el Pleno del Consejo decidió que ella se retire de la investigación y que toda la información recabada pase a la Dirección de Control Disciplinario.
El organismo recibió, también a Norma Quishpe, por pedido de la doctora Aragundi, pues dijo que fue la vocal que acogió una denuncia sobre el fondo de cesantía, que habría sido afectado en miles de dólares, cuando esos fondos fueron incautados.
La Comisión tiene previsto continuar con la recepción de pruebas en las próximas horas, a fin de avanzar con la sustanciación de este proceso político, dentro del plazo de los quince días, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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