Distintos temas fueron abordados en la Comisión de Biodiversidad para estructurar el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. Clarificaron los requisitos básicos para las categorías migratorias y de residencia, entre ellas: residente permanente, temporal, turista y transeúnte.
En el análisis del residente permanente, la legisladora Vanesa García, señaló que debe mantener esta categoría la persona que ha nacido en la provincia, pese a salir de ella y retornar luego de algunos años, considerando aspectos que obligaron su ausencia: estudios, enfermedades catastróficas o laborales.
Actualmente, la normativa determina que su condición estará sujeta al tiempo de permanencia continua que establezca el Pleno del Consejo de Gobierno. El resto del articulado referente al estatus migratorio para el ingreso a la provincia, se mantiene.
Otro de los temas analizados por los comisionados fue el proceso de régimen de contratación laboral en el sector público. Los parlamentarios mencionaron que los concursos de méritos y oposición se abrirán exclusivamente para los residentes permanentes; que los nombramientos provisionales, contratos ocasionales y de tiempo fijo podrán ser otorgados a residentes permanentes y no permanentes. Para el efecto se establecen plazos legales para cada uno de ellos, que están vinculados con la condición migratoria.
Además, consideraron de vital importancia establecer el principio de reserva legal, con el objeto de que prevalezcan las obligaciones y derechos de esta Ley, por sobre otras de la misma jerarquía, especialmente en asuntos laborales, contratación pública y régimen sancionatorio.
En otro orden, la Comisión especificó que para lograr el Plan de Desarrollo Sostenible, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la Región Insular, en la formulación de planes, programas y proyectos, deben tomar en cuenta los principios ambientales, la estrategia para la economía circular y las políticas emitidas por el Consejo de Gobierno, transversalizados con las demás entidades y los gobiernos autónomos descentralizados del Archipiélago.
En cuanto a la facultad tributaria de los GAD, el legislador Juan Cárdenas precisó que el Consejo de Gobierno debe tener la facultad coactiva, a fin de operativizar y facilitar el cobro de multas del ciudadano que infringe la ley.
Sobre los criterios para fijación de tasas por ingreso a las áreas protegidas de Galápagos señalaron que el Consejo de Gobierno debe tomar en cuenta, el tiempo de permanencia, grupo etáreo, condición de discapacidad, modelo turístico, nacionalidad o residencia legal en el país, demanda turística y zonificación.
Propusieron la creación de una Cuenta Especial en el Banco Central, a nombre del Consejo de Gobierno, con el objetivo de que la tasa por conservación se recaude, canalice y ejecute de manera directa y transparente por parte de los beneficiarios de la misma.
Estos recursos estarán dirigidos exclusivamente a conservar las áreas naturales protegidas de la Región Insular; regular, controlar la bioseguridad; promover el desarrollo sostenible y equitativo del Régimen Especial de las islas; y, contribuir para el desarrollo de iniciativas económicas, ambientales y turísticas de la ciudadanía.
JLVN/cz
