La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Jaime Olivo, recibió la comparecencia de la defensa de la Fundación Río Cusupi, así como al delegado del Ministro de Agricultura (MAG). El abogado, Dimas Rosas, defensor de la fundación explicó sobre la situación del terreno de treinta hectáreas, ubicado en el km 13 del Recinto Velasco Ibarra, del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.
Según la defensa resaltó que no existe invasión por parte de ninguno de los ciudadanos que son parte de esta fundación que lleva un proceso legal con el Estado, por más de 18 años. Aseguró que el extinto Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), vulneró sus derechos al tratar de retirar el terreno a sus defendidos, por lo que iniciaron procesos legales para revertir este proceso y solucionar este conflicto de tierras. Solicitó agilidad y que este caso concluya ya que varias instancias legales han sostenido que existe invasión a esos terrenos.
Así mismo, presentó documentación y expuso los trámites que han seguido. Además, instó a las autoridades del Ministerio de Agricultura (MAG), a no dilatar los procesos, ya que en la actualidad se encuentra el caso en esta institución. Por ello, el delegado del Ministro de Agricultura, Francisco Ticina, coordinador jurídico de esta Secretaría de Estado, enfatizó que se revisará el proceso a fin de lograr un acuerdo que solucione el problema.
El funcionario también planteó que se reunirá con los representantes de la Fundación Río Cusupi para generar un espacio de análisis del proceso y además agilitar los trámites. Comentó que de registrarse hechos contrarios a la ley se notificará a la Contraloría General del Estado, a fin resolver los inconvenientes en lo que respecta a instituciones o funcionarios responsables en este caso.
Además, se comprometió a informar al seno de la Comisión de Derechos Colectivos los avances del trámite. “De parte de nuestra institución existe toda la apertura y la predisposición de solucionar este tema y dar fin a 18 años de espera de toda la gente”, puntualizó.
Finalmente, al escuchar a las partes, los Asambleístas destacaron la posición del MAG en no dilatar el proceso. Para José Chalá, esta reunión ha sido importante para dialogar y establecer mecanismos de solución y conocer la existencia, o no, de una presunta vulneración de derechos. A este comentario se sumó el del presidente de la Comisión, Jaime Olivo, quien acogió las sugerencias y planteó dar seguimiento a este problema en el marco de las competencia de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional.
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