La Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por Johanna Cedeño Zambrano, recibió este miércoles los argumentos de Lira Villalva y Juan Cristóbal Loret, en su calidad de interpelantes y de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura y Patrimonio, en el marco del juicio político propuesto en su contra. Las razones, presunto incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley, respecto del otorgamiento de recursos a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.
El asambleísta Lloret indicó que el exfuncionario, pese a la existencia de normas constitucionales, legales y reglamentarias que determinan los parámetros que se deben considerar para una justa y equitativa distribución de los recursos destinados a la Casa de la Cultura, incumplió la normativa y mantuvo un sistema de entrega concentrador por el cual en el presupuesto 2019 se entregó 7.5 millones de dólares a la sede nacional y 640 mil dólares para el núcleo de Pichincha, es decir el 51 % de los 15 millones 800 mil dólares disponibles y solo el 49 % restante se distribuyó entre las 23 sedes provinciales.
Recordó que, de conformidad con la Ley, le entrega debe ejecutarse considerando los siguientes parámetros: importancia demográfica, infraestructura, eficiencia administrativa y calidad de gestión, sin embargo, se mantuvo el sistema centralista y concentrador.
De su lado, Lira Villalva, reiteró que se está evaluando el ejercicio de funciones del exministro, no su condición particular o como persona y se demuestra que el señor Raúl Pérez antepuso sus intereses como parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la cual fue presidente, antes que su responsabilidad como cabeza del ente rector de la cultura del país.
La legisladora interpelante insistió en que el ministro tenía como responsabilidad fundamental garantizar que se entregue los recursos destinados a la cultura de manera equitativa y descentralizada. Sin embargo, sus ejecutorias demuestran todo lo contrario.
Defensa
Entre tanto, Raúl Pérez Torres subrayó que se le quiere endilgar una responsabilidad política por acciones que fueron anteriores a su ejercicio como ministro, ya que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura fue expedido por el expresidente Rafael Correa Delgado, con fecha 23 de mayo de 2017, mediante Decreto 428, es decir, un día antes que sea designado ministro de Cultura y Patrimonio.
Resaltó que fueron múltiples los pedidos y propuestas de reforma a ese reglamento para establecer criterios técnicos mucho más apegados a la realidad nacional para la distribución de los recursos asignadas al sector cultural. Sin embargo, no tuvo éxito. Dijo que la norma vigente es confusa y se requeriría de un asesor matemático para poder hacer efectiva la entrega de recursos.
“Durante mi ejercicio como ministro mantuve una posición positiva y proactiva, por lo que no se puede acusar de incumplimiento de funciones”, concluyó.
EG/cz
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