A fin de establecer que la comunicación es un derecho humano y no un servicio público, la Comisión de Derechos Colectivos, a cargo del asambleísta Jaime Olivo, invitó a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; a Enrique Herrería, magistrado de la Corte Constitucional del Ecuador, a Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP); y, a Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).
Ellos acudirán al seno del organismo legislativo, este miércoles a partir de las 09:00, para dar sus criterios respecto del proyecto de reformas al artículo 5 de la Ley orgánica de Comunicación. La Comisión debe elaborar el informe para segundo debate que será puesto a conocimiento del Pleno.
El proyecto de reforma al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, presentado por el Ejecutivo, propone que la comunicación sea concebida con un derecho humano, mas no como un servicio público, tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pensamiento y la información de las personas no pueden estar tutelado por la administración pública. El derecho de todo colectivo e individuo de pensar y expresarse no puede ser regulado como un servicio público, se resaltó en el primer debate en el Pleno.
El informe para primer debate presentado por la Comisión de Derechos Colectivos establece que los medios de comunicación social son instrumentos impresos, de servicio de radio, televisión; aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población. Prevé que los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicos o privados, organizaciones sociales o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación o intercambio de contenidos.
Durante el primer debate en el Pleno, Jaime Olivo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, resaltó que la Constitución garantiza el derecho a la comunicación. La Comisión tomó en cuenta además, las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH y la Organización de Naciones Unidas (ONU). La recomendación de estas instancias es que la libertad de opinión y de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona. Son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Ambas libertades están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de expresión constituye el medio para intercambiar y formular opiniones, añadió.
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