Fiscalización recomienda archivar juicio político contra exvocales del CJ Transitorio

Jueves, 07 de noviembre del 2019 - 11:08 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Con siete votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Johanna Cedeño Zambrano, recomendó el archivo de la solicitud de juicio político en contra de Marcelo Merlo Jaramillo, Aquiles Rigaíl Santistevan, Zobeida Aragundi, Angélica Porras y Pablo Albán, exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), propuesto por la legisladora Lira Villalva, por cuanto de la valoración de las pruebas se determina que no hubo incumplimiento de funciones, tampoco intromisión en la justicia.

El organismo, en sesión efectuada desde las 7:30 de este jueves, 7 de noviembre, revisó el contenido del informe y valoró cada una de las pruebas de cargo y descargo aportadas por la asambleísta interpelante, así como por los cinco exmiembros del CJT. También se revisaron las versiones recibidas en la Comisión, tanto de exfuncionarios del órgano administrativo de la Función Judicial, cuanto de jueces trasladados y demás.

La mesa concluyó que, en el caso del doctor Rigaíl, no se demostró que mediante los oficios enviados a un juez y un fiscal en Guayas se haya pretendido incidir en sus decisiones, puesto que en el primer caso se refería a una sentencia ejecutoriada y, en el segundo, el Fiscal ya había tomado una resolución. Tampoco se demostró que el traslado de jueces de la Unidad Multicompetente de Samborondón a Guayaquil haya constituido una medida sancionatoria ejercida por el exvocal del Consejo.

Respecto del supuesto incumplimiento de funciones del expresidente Marcelo Merlo, se determinó que en su calidad de funcionario público ejerció su derecho a una licencia por enfermedad y al goce de sus vacaciones.

En torno a la actuación de la doctora Zobeida Aragundi, el organismo concluyó que no existe evidencia suficiente que permita sustentar las acusaciones en su contra. Lo mismo ocurrió en el caso de la doctora Angélica Porras, quien de las pruebas aportadas demostró que cumplió a cabalidad con sus funciones.

Sobre la gestión del doctor Pablo Albán, la Comisión consideró que a pesar de haber caducado la facultad de la Asamblea de ejercer control político, porque transcurrió más de un año desde su salida del Consejo, las pruebas presentadas demostraron que sus funciones se cumplieron en su totalidad.

Finalmente, la mesa decidió remitir el informe a la Contraloría General del Estado para que realice una auditoría al sistema informático del Consejo de la Judicatura, a fin de establecer si es susceptible de vulnerabilidad o no, sobre todo por los traslados de jueces y la asignación de casos y, de existir alguna irregularidad, se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

En la votación se registraron, además de los siete votos positivos, dos abstenciones y un pronunciamiento en contra.  

EG/cz

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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. QUITO, 07 DE NOVIEMBRE 2019

 

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