Comisión recibe nuevos relatos para elaboración de informe sobre paro nacional

Jueves, 07 de noviembre del 2019 - 22:38 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Una nueva sesión llevó adelante la Comisión Ocasional Multipartidista que indaga los acontecimientos sucedidos en Ecuador, durante los 11 días del paro nacional. En esta ocasión recibió a la jurista y politóloga Adoración Guamán, quien indicó que es importante entender las consecuencias psicológicas que provocaron los días de violencia que vivió el país. Asimismo, dijo que le preocupa las detenciones arbitrarias de cientos de ciudadanos y pidió investigar supuestos tratos inhumanos y degradantes en contra de los protestantes.

De su parte, Gabriela Ruales, representante del colectivo Geografía Crítica, manifestó que su organización realizó un análisis espacial de los hechos sucedidos. Entre las conclusiones, señaló, el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados, violación a los derechos humanos, detenciones ilegales y arbitrarias, entre otros aspectos.

El turno llegó para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien aseguró que desde el primer día de movilizaciones su discurso invocó a la paz y al diálogo. Durante las protestas el Concejo se declaró en sesión permanente para monitorear y evitar mayores conflictos. Resaltó que la capital no sufrió desabastecimiento de agua potable y tampoco hubo cortes de energía eléctrica, el aeropuerto no cerró, el transporte municipal no dejó de operar y los mercados de Quito estuvieron abastecidos en un 70 %.

Una vez culminada su intervención los legisladores preguntaron si tuvo algún acercamiento con la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, si hizo lo necesario para defender a la ciudad quién pagará los destrozos, si ya se interpusieron denuncias, cuál fue el nivel de coordinación entre el Municipio y el Gobierno, entre otras interrogantes.

Ante esto, el alcalde Yunda respondió que con la Prefecta de Pichincha se ha reunido únicamente para hablar de obras y planes viales y que durante el paro no mantuvo ninguna comunicación. De la relación con el Gobierno advirtió que estuvo en constante comunicación, a través de los ministros de Gobierno y Transporte, para la coordinación de asuntos técnicos. Aclaró que siempre se defendió el orden constituido y que en la Fiscalía se pusieron las denuncias correspondientes. En cuanto a quiénes pagarán los daños, dijo que el monto llega a 1.3 millones de dólares y ya hay la colaboración de más de 30 empresas privadas para cubrir ese valor.

Policías afectados

El teniente Byron Prado comentó como sucedió el ataque al Fuerte Militar Marco Aurelio Subía e indicó que los policías fueron atacados con piedras, palos y adoquines. Mientras tanto, la sargento Amparo Segovia dijo que en la UPC de Pujilí los uniformados fueron sorprendidos por una turba de manifestantes indígenas, aseveró que fueron agredidos física y psicológicamente. De su parte, el policía David Chicaiza, quien estuvo en el centro histórico de Quito, señaló que le lanzaron una piedra y perdió su ojo izquierdo.

El coronel Cristian Rueda, junto a otros compañeros, estuvo retenido por los protestantes en el ágora de la Casa de la Cultura, les obligaron a decir que estaban en el lugar por su propia voluntad. “No es justo que nos hayan vejado y maltratado física y psicológicamente”, mencionó. El capitán Daniel Inga, informó que una turba lo rodeó y lo agredieron, tiene una cicatriz en su rostro producto de la violencia de los manifestantes.

Asimismo, el coronel Enrique Bautista comentó que con su grupo de trabajo fueron llevados al estadio de Calderón, ahí los obligaron a desvestirse y recibieron agresiones físicas.

Entre tanto, el asambleísta Jofre Poma, procesado por el presunto delito de paralización de servicios públicos, aseguró que participó de una manifestación pacífica, el pasado 7 de octubre, en la avenida Quito, la principal del cantón Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, precisamente donde se encuentran las instalaciones de Petroecuador. Él, dijo, acudió a dialogar con la gente pare evitar se registren hechos más complicados y allí fue detenido, luego, trasladado al aeropuerto y llevado a las autoridades judiciales en Quito para que se califique la flagrancia del supuesto delito.

Mientras, Julio Toroche, coordinador Jefe de Brigadas Médicas de Socorro, relató el trabajo que realizó esta entidad de voluntariado durante las manifestaciones y cómo, en uno de sus operativos fue impactado en la ceja y ojo izquierdo, con una bomba lacrimógena. “Nosotros no éramos parte de los saqueos ni de los actos vandálicos, cumplíamos una labor humanitaria y fuimos afectados por la represión”, dijo.

La Comisión también recibió los testimonios de los legisladores Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira, mediante videoconferencia, quienes se encuentran en la Embajada de México. Ellos afirmaron que su pedido de asilo responde a una campaña sistemática de seguimiento y amenazas, que se agudizó los días de paralización por las acusaciones directas, sin fundamento, en el sentido de que su movimiento político sería responsable de una instigación para romper el orden democrático.

Las comparecencias ante esta Comisión continuarán, con el propósito de recabar toda la información pertinente para la elaboración del informe que será presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en las próximas semanas.

SV-EG/cz

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SESIÓN DE LA COMISIÓN OCASIONAL MULTIPARTIDISTA PARA INVESTIGAR LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL PARO NACIONAL, QUITO, 07 DE NOVIEMBRE 2019.

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