Aprobado informe que evaluó la Ley de Fomento Productivo

Viernes, 08 de noviembre del 2019 - 17:19 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión del Desarrollo Económico aprobó, por unanimidad, el informe que recoge las conclusiones, recomendaciones, metodología, procedimiento y otros elementos de la evaluación de la Ley de Fomento Productivo, que entró en vigencia en agosto de 2018. El documento, que se lo presentará al Pleno, lo elaboró una subcomisión, presidida por Fernando Burbano, e integrada por Rubén Bustamante y Fernando Callejas.

Esta evaluación se circunscribe en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley, que aprobó el Consejo de Administración Legislativa, en junio de este año, así como de la política de Parlamento Abierto.

Los subcomisionados realizaron el análisis con la participación de organizaciones, ciudadanía y beneficiarios de la ley, en Cuenca, Guayaquil, Manta y Quito. Las visitas contaron con el apoyo logístico, pedagógico y financiero tanto de la Fundación Hanns Seidel, como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

La coevaluación giró alrededor de cuatro ejes: grado de cumplimiento de la Ley, remisión tributaria, incentivos para la inversión y el empleo, así como el alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Conclusiones generales

En una de sus conclusiones la Subcomisión explica que en la motivación de la ley no se exponen las metas y resultados esperados con la aprobación, ni los mecanismos de verificación de su cumplimiento.

También concluye que es de fundamental importancia que iniciativas como las del Parlamento Abierto contribuyan a generar las condiciones y canales de información y participación de los ciudadanos, a fin de establecer la pertinencia de la normativa, con relación a las distintas realidades.

La evaluación de la Ley de Fomento Productivo evidencia, según la Subcomisión, que existe una contradicción entre la calificación de urgencia económica de la ley por parte de la Función Ejecutiva y la expedición del reglamento. Explica que, en este caso, se realizó cuatro meses después de la puesta en vigencia de la norma legal.

También determinó falencias en la socialización de la norma y acceso a la información sobre los beneficios de la misma. De igual  forma, evidencia un elevado grado de desconocimiento de la normativa por parte de las instituciones administradoras, así como falencias en la interpretación y la complejidad en los trámites.

Recomienda realizar una valoración del trabajo legislativo y de fiscalización, que debe incorporar la evaluación sobre la eficacia, a fin de perfeccionar la normativa para que los ciudadanos reciban los beneficios necesarios y mejoren su calidad de vida.

LILA/SV/cz

 

 

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