Una estructura que propone relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres es una de las causas por las que ellas no pueden acceder a una mayor participación y representación política. El uso del tiempo en trabajos del hogar es tres veces más que el de los hombres, el 40 % de madres pobres son empleadas domésticas; son algunos datos que contextualizan esta realidad.
Romper con esa estructura y definir un sistema electoral según los principios de paridad, equidad, alternabilidad y secuencialidad en los partidos y movimientos políticos es lo que pidieron diferentes actores que participaron en comisiones generales en el Pleno del Parlamento. Lo hicieron en el marco del segundo debate de las reformas al Código de la Democracia.
Diana Atamaint, presidenta de la Consejo Nacional Electoral (CNE), se dirigió a los asambleístas para solicitar que se garantice una presencia y participación en igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres. Planteó que este sector encabece las listas de elecciones pluripersonales y unipersonales, como mínimo en el 50% de esas listas, para que no ocupen un relleno, sino lleguen a espacios de decisión.
También sugirió un reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el propósito de efectivizar la paridad en la designación de las principales autoridades de municipios y prefecturas.
A fin de llegar a este ideal, Paola Mera, secretaria técnica nacional para la igualdad de género, propuso ceñirse a lo que manda la Constitución y tratados internacionales. Manifestó que se debe extender la paridad a todas las dignidades de elección popular, incluidos los procesos nominales, en todos los niveles de gobierno y binomios.
Ecuador fue el primer país en América Latina en garantizar a las mujeres el derecho al voto, ahora seamos el primero en representación enfatizó, por su parte, Nicole Acosta, vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Central. Para ello, dijo, no solo necesitamos acciones afirmativas, sino una normativa que nos respalde.
Desde ese mismo centro educativo, participó Solimar Herrera, como representante de los Derechos de la Mujer. Se refirió a las relaciones de desigualdad, entre otros datos, precisó que, en las universidades, para ingresar a puestos directivos el 70 % de ventaja se lleva el sector masculino.
Las comparecientes pidieron, además, que se incluya en la legislación sanciones y reparaciones para combatir la violencia política de género, acabar con el acoso, la intimidación, el desprestigio y los contenidos discriminatorios.
LILA/ea
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