La Comisión Ocasional de la Niñez concluyó con la investigación de la posible vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el paro nacional, del 03 al 13 de octubre. La información recabada, a través de documentación y comparecencias, la trasladará a la mesa legislativa que analiza estos acontecimientos.
Los insumos contienen informes íntegros que presentaron la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano y la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Delicia-Quito. La documentación contiene los pronunciamientos de estas entidades, las acciones realizadas dentro de sus competencias, conclusiones a las que llegaron y recomendaciones.
En su momento, durante la comparecencia, Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, destacó que el 25 % de las 1.192 personas fueron jóvenes de 15 a 19 años y precisó que la mayoría de aprehensiones fueron arbitrarias, puesto que 806 obtuvieron su libertad, sin formulación de cargos.
Informó que seis adolescentes fueron privados de su libertad y acusados de terrorismo. Indicó que a ellos no se les asignó de manera inmediata un defensor público, se evidenciaron rastros de violencia y fueron incomunicados. Señaló que la Defensoría Pública, interpuso la acción de Hábeas Corpus que fue concedida.
Por otra parte, explicó que se registraron 12 atenciones médicas a niñas, niños y adolescentes que presentaron traumatismos en general, heridas leves y lesiones en ojos. También, sostuvo que se registraron niñas y niños extraviados.
En tanto, Verónica Moya, del Consejo de Protección de Derechos, explicó que según visitas in situ, a las unidades de flagrancia de la Fiscalía, acercamientos a las zonas declaradas de paz, monitoreo y pronunciamientos, evidenciaron algunas irregularidades.
Indicó hechos de violencia presenciados y vividos por parte de niños, niñas y adolescentes; agresión con uso de bombas lacrimógenas a espacios declarados como zonas de paz; ataque a infraestructura de salud con presencia de neonatos; así como la no activación inmediata de instituciones responsables de garantizar sus derechos.
La Junta concluyó que hubo agresiones del cuerpo policial, uso desproporcionado de la fuerza, ataques a periodistas, así como a viviendas y a bienes. También determinó que las entidades responsables de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia no se hicieron presentes en el marco de sus competencias y detenciones arbitrarias.
LILA/ea
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