Luego de recibir a representantes del Ministerio de Finanzas, el Grupo Parlamentario Fronterizo cerró la fase de comparecencias. Esto, en el marco del proceso de evaluación de la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, que está en vigencia desde hace año y medio.
Ahora, la mesa se dedicará a elaborar el correspondiente informe, dando, así, cumplimiento a la resolución del Pleno de la Asamblea, anunció la parlamentaria Silvia Salgado, presidenta del organismo.
Destacó la necesidad de articular disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) con la Ley de Desarrollo Fronterizo y el Plan Anual de Inversiones, dentro del Presupuesto del Estado, que prioriza recursos suficientes en favor de los cantones de frontera y sus parroquias.
Nos corresponde evaluar cómo se ha manejado y cuáles son los resultados del tratamiento preferencial al sector, más aún cuando la ley determina la aplicación de un modelo de equidad con criterios diferenciados de incremento en la distribución de recursos públicos para los gobiernos autónomos descentralizados, enfatizó.
Precisó que el Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de presupuestar los planes de inversión de las diferentes carteras de Estado y cada una de estas, a su vez, deben planificar programas de inversión de manera específica y preferencial para las parroquias y cantones fronterizos. En esa línea, de ser necesario, habría que pensar en cambios a las normativas, para afianzar derechos de las poblaciones.
Olga Núñez y Renato Pazmiño, del Ministerio de Finanzas, explicaron que a partir de la vigencia del Cootad (año 2010), los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente ubicados en el cordón fronterizo, acorde al modelo de equidad territorial, reciben ya ese incremento del 150 % para el progreso de los habitantes de cantones y parroquias. En todo caso, la Ley fija los términos de esa ponderación adicional, acorde la norma constitucional, indicaron.
MG/
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