Militares, Policías, personal de tropa y en servicio pasivo, acudieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores a defender las reformas a la Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional (Issfa-Isspol), que establece que quienes reciban pensiones de retiro del Issfa e Isspol, estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia, continuarán recibiendo la totalidad de la pensión de retiro que les corresponde.
Previo la elaboración del informe para segundo debate del mencionado proyecto de Ley, la Comisión Legislativa prosiguió con la recepción de criterios. El primero en intervenir fue José Villarroel, director General del Isspol, quien al apoyar la propuesta de reformas enfatizó que la pensión jubilar es un derecho irreductible, irrenunciable, inalienable, producto de un descuento durante toda su vida laboral y un aporte estatal que tienen para mantenerse y tener un vida digna, expresó.
Tras afirmar que la norma que rige es inconstitucional y está contra de tratados internacionales informó que apenas cuentan con 133 pensionistas que por descuento se recauda alrededor de 36 mil dólares, por tanto, no compensa la vulneración del derecho y planteó se corrija este error.
Por su lado, el coronel Patricio Enríquez, en servicio pasivo, dijo que reclaman un derecho a la igualdad y a la no discriminación establecido en la Constitución que garantiza la efectividad de dichos derechos. “La milicia, los policías, los soldados tienen una estructura piramidal que rige a través de backup, y a lo largo de la carrera, existe eliminación que rige por diferentes causas, como por enfermedades, cursos que no fueron aprobados, situaciones familiares y físicas, por lo que, muy pocos llegan a rangos jerárquicos muy altos”, aseveró.
La seguridad social tiene una finalidad y el trabajo otra, recalcó por su lado el general Wagner Bravo Jaramillo (servicio pasivo), vocal principal del Consejo Directorio del Issfa en representación de los oficiales en servicio pasivo, al referirse a los derechos que constan en la Constitución para obtener un trabajo. Aclaró que no son los años de servicio los que le dan la pensión, sino, las aportaciones realizadas y al hablar de 40 años de servicio, se habla de 480 aportaciones.
En el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía dijo que la pensión mínima es de 240 por 20 años de servicio y afirmó que los miembros de las fuerzas públicas cuando terminan su vida laboral necesitan un proceso de desvinculación y no de retiro para poder obtener una pensión justa.
Manuel Andino Porras, vocal principal al Consejo Directivo del Issfa en representación del personal de tropa en servicio pasivo, le preocupa que desde el 2009 los soldados al buscar un trabajo después de su jubilación o retiro tengan que de sus bolsillos sacar el 40 % de su pensión para poder continuar con su vida laboral. Disposición que llamó de inconstitucional y recalcó que la seguridad social con los derechos humanos van de la mano.
Existe una seguridad social distinta, no pueden sujetarse a la universal, dijo el asambleísta y general en retiro René Yandún. Consideró que existe una predisposición para tomar recursos o disminuir los ingresos del Issfa e Isspol y tratar de disminuir la organización y la estructura de las instituciones, que son autónomas conforme a la Constitución. Se deben respetar a las instituciones en el ámbito constitucional, mencionó.
En tanto, el asambleísta Bairon Valle indicó que siempre se buscará la progresividad de derechos. Expresó que está de acuerdo con la reforma. Por último, Roberto Gómez, autor de la propuesta de Ley manifestó que se pretendió hacer justicia con quienes veían sus derechos vulnerados con una norma que busca que no se descuente un porcentaje en razón de acceder a una oportunidad laboral. La nueva remuneración laboral no debe ser un castigo para quienes se retiran, reiteró.
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