Luego de la escuchar a la economista Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Comisión de Fiscalización, que preside Johanna Cedeño Zambrano, por unanimidad de los nueve asambleístas presentes, resolvió conformar una Comisión Técnica Interinstitucional, con la participación de la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Servicio de Contratación Pública (Sercop), el SRI, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el organismo legislativo, para investigar el presunto perjuicio por la aplicación de sistema pronto pago en la Amazonía.
La economista Andrade explicó que este sistema es un incentivo que concede un vendedor a un comprador por pagos realizados con anterioridad al vencimiento programado de las deudas contraídas, se conoce también como descuentos en efectivo. Esto parte de un acuerdo entre privados y el Servicio de Rentas Internas no puede intervenir, sino en el determinación del pago de las obligaciones con el fisco. Si un contribuyente se acogió a este sistema deberá declarar sobre el valor con descuento y no por el total y eso es lo que revisamos, añadió.
Aseguró que el SRI ha desarrollado 74 procesos de control en las provincias amazónicas y han detectado algunos hallazgos, como por ejemplo montos no declarados. En ciertos casos les hemos otorgado facilidades de pago, inclusive mediante cobro a través de terceros.
De su lado, el vicepresidente de la Comisión, Eliseo Azuero Rodas, aseveró que de la visita efectuada por la subcomisión a las provincias de Orellana y Sucumbíos, pudo comprobar la incidencia de este sistema pronto pago en empresas locales, ya que algunas de ellas como proveedoras de las grandes transnacionales han tenido que financiar muchas actividades que debían ser parte de la inversión programada de los titulares de proyectos en ejecución.
Enfatizó que es necesario investigar si existen o no abusos por parte de grandes compañías con este sistema de pago, porque muchas de las empresas locales están al borde de la quiebra por los descuentos que se les aplica que van del 1.5 % al 3 %.
Por ello, fue precisamente Azuero quien elevó a moción crear la Comisión Técnica para que revise lo que ocurre en esta zona del país y, de ser el caso, frente a posibles irregularidades o abusos, proponer reformas legales en materia económica e inclusive en el orden penal, para garantizar que un sistema de pago que, aparentemente, es beneficioso no termine convirtiéndose en una pesadilla para las pequeñas empresas locales.
EG/cz
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