La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Johanna Cedeño Zambrano, por unanimidad de los nueve legisladores presentes, recomendó al Pleno proceda con el juicio político en contra de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura y Patrimonio, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley.
El proceso fue propuesto por los asambleístas Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret, quienes acusan al exfuncionario por haber desobedecido la Ley de Cultura y su Reglamento, en la asignación del presupuesto para la sede y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de manera inequitativa y centralista, ya que más del 50 % del mismo se concentra en su sede nacional establecida en Quito.
Según las conclusiones del informe, la inequidad en la distribución de los recursos atentaría contra el derecho de los ecuatorianos de acceso a la cultura y de los gestores culturales, e impediríaa un adecuado mantenimiento de la infraestructura administrativa y patrimonial de las provincias. Este modelo de distribución de recursos, no corresponde al modelo descentralizado y desconcentrado establecido en la Ley.
Los legisladores concluyen que, de la documentación analizada y de la comparecencia del exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, ante la Asamblea Nacional, se evidencia su voluntad de no acatar y oponerse a lo que dispone la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento.
El informe será enviado al Ministerio de Trabajo, a fin de que se investiguen las denuncias de trato salarial inequitativo en los núcleos provinciales; además, que se analice el actual Orgánico Funcional de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, a fin de que corresponda a sus competencias establecidas en la Ley, que no son de ejecución.
Así mismo, el documento se remitirá a la Contraloría General del Estado para que se investigue el presunto cometimiento de infracciones administrativas, civiles y penales.
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