En la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, presidida por Jimmy Candell, se habló de la distribución de recursos y asignaciones del Estado para las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, así como, los valores establecidos en la Pro forma del Presupuesto General del Estado, correspondiente al ejercicio económico 2020, y a la Programación Cuatrianual 2020-2023. Estudiantes, rectores y autoridades de educación superior brindaron sus criterios.
Aldo Maino, subsecretario general de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), sostuvo que está garantizada la operatividad de todas las universidades y escuelas politécnicas del país que pertenecen al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. “No existe una sola universidad o escuela politécnica que se encuentre en riesgo de no funcionamiento, a pesar de cualquier ajuste que deba hacerse”, reiteró. El funcionario precisó que la composición de los ingresos de las universidades se da por dos vías: ingresos públicos o distribución y también por autogestión.
Al detallar los rubros que componen el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico afirmó que siempre se busca la eficiencia de los recursos de la educación superior. Informó que la proyección de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta es ligeramente inferior con relación al año anterior. En 2020 se proyectan 1.177 millones de dólares con relación al año anterior que fue 1.213 millones, existiendo una diferencia aproximadamente de 36.6 millones de dólares, a la fecha.
Recorte presupuestario
Gustavo Vizcaíno, director de Gestión de la Universidad de las Artes advirtió que, de existir una reducción de presupuestos esa institución tendría que disminuir su inversión en docentes y hasta motivaría la reducción del alumnado. Enfatizó que limitar los fondos afecta en gran medida su sostenibilidad.
El vicerrector de la Universidad Agraria, Javier del Cioppo, manifestó que existe una subejecución del presupuesto asignado para las universidades. Sostuvo que su periodo de ejecución no es igual que el del año fiscal, lo que les perjudica al momento de acceder a los recursos.
Carmita Alvarez, consejera del Consejo de Educación Superior (CES), tras recordar que 175 mil estudiantes clamaron por un cupo a la universidad, dijo que se debe crear polos en las diferentes provincias que les permitan desarrollarse bajo los criterios de equidad, cobertura y equilibrio. Explicó que fue la Senescyt la responsable de elaborar la fórmula y distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas que reciben fondos del Estado. El CES aprobó el reglamento que contiene la fórmula; la Senescyt es la responsable de distribuir los recursos y el Ministerio de Finanzas es quien los asigna.
Comentó que esto ocurre en función de los tres grupos de instituciones de educación superior: el primero correspondiente a 26 universidades y escuelas politécnicas; el segundo, correspondiente a tres universidades de posgrado públicas, incluidas las que operan en Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales; y, el grupo tres, las universidades y escuelas politécnicas particulares que reciben rentas y asignación del Estado.
“El CES se rigió estrictamente a lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes) y su reglamento”, afirmó y explicó que respecto a los criterios de indicadores, se considerarán coberturas e incremento en la matrícula, tasa de retención y eficiencia terminal.
Criterios legislativos
A los legisladores les preocupa la fórmula de designación de recursos. Jimmy Candell manifestó que la fórmula de distribución de recursos debe ser equitativa para las universidades que son parte del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. “La no aplicación de la fórmula de asignación como corresponde, es motivo de incumplimiento”, aseveró.
Silvia Salgado indicó que el Fondo de Desarrollo Universitario está afectado por la política económica que imposibilita la existencia de una educación de calidad, lo que incide directamente en el sistema educativo. En tanto, Jeannine Cruz planteó que se busque mecanismos de ajuste viables y recordó que los presupuestos para educación y salud deben ser intocables dentro de la planificación de recursos de un país.
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