El pleno de la Asamblea recibió, en comisión general, a Verónica Aguirre, Defensora del Pueblo adjunta y a Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quienes abogaron porque en las reformas al Código de la Democracia se garantice la paridad de género en las elecciones pluripersonales y la generación de herramientas claras para asegurar una adecuada justicia electoral.
En efecto, la doctora Aguirre, Defensora del Pueblo, recordó que no existe democracia sin la participación de la mujer en los procesos electorales, puesto que -por ejemplo- para el caso de los concejos cantonales y las corporaciones provinciales, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en su artículo 317, inciso segundo, establece que “Los consejos regionales, concejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible…”.
Esta frase, donde fuera posible, demuestra el manejo patriarcal y machista que persiste en el país, porque no sería posible solo en el caso que un órgano de gobierno local estuviese integrado solo por hombres. Propuso se elimine esta frase, que limita la participación equitativa de la mujer.
Aguirre propuso que para la elección de concejales y miembros de las juntas parroquiales se aplique un sistema electoral con dos papeletas, una de hombres y una de mujeres, para que haya la real paridad y equidad de género.
De su lado, Arturo Cabrera, titular del TCE, pidió que los asambleístas reflexionen en la necesidad de introducir reformas que garanticen la tutela efectiva y el debido proceso para una adecuada administtración de justicia electoral, para lo cual es fundamental que se recojan los principios de certeza electoral, inmediación y certeza de resultados.
Añadió que el TCE no comparece ante la Asamblea para exigir que se debatan las reformas propuestas por este organismo electoral, sino para pedir que la Legislatura medite sobre la importancia de darle certeza y claridad a las normas electorales, de manera que se pueda entregar al país una justicia electoral transparente y eficaz.
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