Este miércoles, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se instaló en una sesión de trabajo, con el propósito de sistematizar las observaciones de los asambleístas, del Consejo Nacional y Tribunal Contencioso Electoral, así como de actores sociales al informe de segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia.
Ximena Peña Pacheco, presidenta de la mesa, indicó que en el Pleno se registraron 76 intervenciones, durante las cinco jornadas de discusión, y receptaron 305 observaciones por escrito. “Estamos haciendo una tarea absolutamente transparente, tratando de acoger la mayoría de propuestas”, señaló.
A su criterio, el domingo estaría lista esta fase de procesamiento, por lo que la votación podría darse entre el miércoles o jueves de la próxima semana, conforme lo determine el titular del Parlamento, César Litardo.
El parlamentario Héctor Muñoz insistió en la bancarización de los recursos de campaña, ya sea en cheque o transferencia, es decir, que el movimiento político o el candidato abran cuentas donde ingresen todas las aportaciones, lo que permitirá transparentar el proceso y que la ciudadanía conozca los nombres de los colaboradores.
La paridad de género (hombres-mujeres), la equidad e igualdad de condiciones, más allá que conste en una norma debe ser una obligación responsable de los partidos, dijo el asambleísta.
Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, destacó que es fundamental que la justicia electoral cuente con herramientas para cumplir con su gestión, de manera eficiente y altos niveles de excelencia, que exigen la República, los procesos electorales, la paz social y ciudadana que se ven alteradas en los conflictos eleccionarios.
Urge sincerar los plazos de resolución, que la justicia electoral cumpla principios y las garantías de la Constitución, afianzando el sistema oral en el juzgamiento, la garantía de la aplicación de los principios de certeza electoral, validez de las elecciones, verticalidad e independencia jurisdiccional. Necesitamos normas que garanticen la solicitud, la práctica, la valoración, la contrastación de la prueba, revisión de las penas y sanciones, dándoles una dosimetría adecuada, argumentó Cabrera.
MG/cz
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