Bajo la organización de la Comisión Multipartidista que investiga los hechos relacionados con el Paro Nacional y el apoyo de la Fundación Haciendo Ecuador, se realizó un encuentro de análisis: “El derecho a la protesta, los Derechos Humanos y el rol del Estado”, que contó con representantes de la academia, expertos en derecho penal, legisladores de diversas tendencias y la ciudadanía.
César Solórzano, primer vicepresidente de la Legislatura y Fernando Burbano, titular de la mesa, coincidieron en que este evento y los criterios de expertos darán más luces para llegar a la verdad de los acontecimientos de octubre, lo que se traducirá en el correspondiente informe.
Los académicos Felipe Rodríguez, Juan Pablo Albán y David Cordero, en calidad de ponentes, se pronunciaron porque la Fiscalía General investigue y sancione todos los excesos de violencia tanto del Estado, a través de la Fuerza Pública, cuanto de los manifestantes. La violencia es inaceptable venga de donde venga, así como la impunidad en este tipo de casos, manifestaron.
Rodríguez, PhD en Derecho Penal y Procesal Penal, docente de la Universidad Católica, expuso que la Policía Nacional está autorizada a repeler agresiones, pero no está autorizada a reprimir al pueblo. La protesta no puede ser reprimida, ya que gracias a esta el mundo ha podido cambiar, se han caído las dictaduras, tenemos mujeres que pueden votar, tenemos negros e indígenas que son considerados seres humamos, entre otros puntos trascendentales, añadió.
Precisó que esas protestas, en un Estado Constitucional, tienen que ser obligatoriamente pacíficas, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Juan Pablo Albán, experto en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, habló que es indispensable la planificación de operativos. Por tanto, los agentes del Estado bajo ninguna circunstancia pueden dejarse arrastrar por sus emociones o antipatía que les genere la gente que está movilizada o los delincuentes que comenten un asalto. Debe existir control permanente del operativo, con órdenes estrictas, cadena de mando clara y autorización de mecanismos de fuerza. La gradualidad o progresividad del uso de la fuerza está en función de la gravedad de la amenaza, puntualizó.
Mientras David Cordero, máster en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, se refirió a la colisión de derechos fundamentales, bajo un contexto de resistencia, al comentar que con la justificación de la seguridad pública es posible que muchos de ellos se limiten.
Lo que ocurrió a inicios de octubre fue una forma de participación política ejercida por organizaciones sociales que buscaban hacer oír su voz, en respuesta a una crisis de representatividad, sostuvo.
MG/cz
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