Antes de que el Pleno de la Asamblea Nacional inicie el primer debate del proyecto de Ley de Acuicultura y Pesca, los legisladores escucharon, en comisión general, a 15 actores, representantes de gremios productivos, cámaras, pescadores artesanales, recolectores acuícolas, armadores, entre otros. Todos coinciden en que es necesario actualizar la norma a las realidades y circunstancias que rodean a estos sectores.
La Ley vigente desde 1974 estuvo adecuada para el momento, con importantes incentivos. Sin embargo, ahora se requiere otra que responda a los principios de sostenibilidad y sustentabilidad, y que contribuya al combate de la pesca ilegal, sostuvo Rafael Trujillo, de la Cámara Nacional de Pesca.
Trujillo, como Luigui Benincasa, de la Asociación de Atuneros del Ecuador, y Alfonso Delgado, representante de siete pesquerías a nivel nacional, pidieron que no se dé paso a la Agencia de Control y Regulación, porque duplicaría funciones con el ente rector en esta materia. Benincasa, por el contrario, considera que se debe crear un Ministerio de Pesca, con cuatro subsecretarías: control, pesca, acuacultura y sanidad e inocuidad.
El sector pesquero, según Benincasa, genera 4.800 millones de dólares, de ahí la importancia de impulsar esta institucionalidad. El ámbito acuícola también aporta con divisas, con 3.500 millones de dólares en exportaciones, así como entre 200 y 260 mil empleos directos, acotó, por su parte, José Camposano, de la Cámara Nacional de Acuacultura.
Las cámaras también plantearon que no se permita la importación de pesca para procesos, ni la venta de licencias a empresas extranjeras. Además, que se garantice el derecho a la defensa en los procesos administrativos, más investigación y condiciones para el emprendimiento.
En cambio, las diferentes organizaciones de pescadores artesanales, recolectores, armadores, pomaderos, entre otros, propusieron que se creen acciones para combatir la delincuencia, que se les permita acceder al seguro social y crédito acorde a sus realidades, hipotecas especiales, tecnificación, precios justos, trámites menos engorrosos para ejecutar sus operaciones e igualdad de condiciones para todos los sectores.
Carmen Romero, de la Unión Provincial de Organizaciones de Pesca Artesanal, de Conchas y Jaibas, pidió que se les permita acceder al derecho a la consulta prelegislativa, mientras que Alfonso Delgado, de pesquerías a nivel nacional, solicitó que reciban sus aportes en sus territorios.
Por su parte, Héctor Escalante, de la Federación Nacional de Cangrejeros y Pescadores, planteó que en la norma se reconozca a su sector y se lo incentive. En tanto, Alberto Campos, representante de la Unión de Organizaciones Pesqueras Productivas de El Oro, explicó que los manglares están desapareciendo, por lo que se debe generar otras actividades alternativas.
El primer debate de la norma coincide con el Día Mundial de la Pesca, que se conmemora cada 21 de noviembre.
LILA/cz
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