La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Johanna Cedeño Zambrano, recibió este lunes los argumentos de los asambleístas Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo, solicitantes del juicio político contra María Paula Romo, actual ministra de Gobierno, por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley.
En el marco de la sustanciación, los antes mencionados legisladores argumentaron sus acusaciones en el incumplimiento de funciones debido a la inseguridad ciudadana, abuso de bienes públicos y crisis carcelaria que vive el país, versiones que fueron respaldadas con la exhibición de videos.
Roberto Gómez fue el primero en exponer e identificó como antecedentes varios hechos de conocimiento público, concluyendo que el perjuicio no solo es económico, de manera directa se evidencia en la pérdida de vidas humanas. Alegó que no se ha tomado las acciones correspondiente para precautelar la seguridad ciudadana.
Por su lado, Lourdes Cuesta se refirió a la crisis carcelaria y el abuso de bienes públicos. Mencionó nuevos incumplimientos de la ley, como los amotinamientos y muertes en los Centros de Rehabilitación del país. Esto ha generado un escenario de alta conmoción social, aseguró. A su criterio hubo incumplimiento de los Decretos Ejecutivos 741, 754 y 823 por grave conmoción interna o calamidad pública e incumplimiento de la disposición presidencial para garantizar la vida y la convivencia pacífica de las personas privadas de libertad.
Según Cuesta, la declaración de estado de excepción no ha sido suficiente, ni la medida adecuada para resolver una agravada crisis carcelaria, es decir, no se ha podido revertir los lamentables hechos que se siguen dando hasta la fecha. De otro lado, dijo que hubo incumplimiento de los parámetros para la utilización del transporte aéreo de la Policía Nacional, operado por el Servicio Aeropolicial.
La falta de protección del Estado se refleja en los índices de femicidios, robos a personas, hacinamientos en las cárceles, entre otros problemas, sin que se entregue soluciones a largo, mediano o corto plazo, señaló por su parte la asambleísta Amapola Naranjo. La legisladora, también solicitó que se invite a varias autoridades como la presidenta del Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo; a la ex ministra de Justicia, entre otros.
Los legisladores resaltaron que actuarán con total objetividad y transparencia, conforme lo determina la ley, para ello continuarán con el debido proceso, recibiendo otros testimonios.
La presidenta de la Mesa, Johana Cedeño, dijo que garantizarán el debido proceso, el derecho a la seguridad jurídica y la presunción de inocencia de la interpelada, además que las pruebas se procesarán de manera adecuada de acuerdo a la ley.
RSA/cz
Más fotografías:
