La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Johana Cedeño, continúa en la recepción de versiones, en el marco del juicio político planteado en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo por supuesto incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley.
Siguiendo el debido proceso, en esta oportunidad la Comisión receptó los testimonios de Enrique Espinosa de los Monteros, general inspector en servicio pasivo de la Policía Nacional, quien hizo un recuento de un proceso administrativo en su contra, por el uso de un helicóptero que se accidentó en la base de Aeropolicial en Quito.
Espinosa sostuvo que nunca se sustentó cuál fue la norma legal por por la que fue sancionado por el supuesto mal uso del helicóptero, cuando cumplía una misión oficial que fue conocida por el mando policial, como consta en documentos que reposan dentro del proceso administrativo.
Luego de su intervención, los asambleístas plantearon sus inquietudes. Fausto Terán consultó bajo qué régimen disciplinario fue sancionado y si el mismo se aplica para los ministros del ramo. El general en servicio pasivo insistió que dentro del sumario administrativo jamás se le indicó cuál fue la norma legal que infringió, es decir, la norma incumplida o vulnerada.
La legisladora Lourdes Cuesta preguntó si un ciudadano puede solicitar a la tripulación que omita nombres de pasajeros en la bitácora de vuelo, por seguridad. Espinosa explicó que dentro de los mecanismos de seguridad para viajar en una aeronave policial debe constar en la bitácora el itinerario de vuelo, el número de personas que están a bordo, entre otros datos. El responsable del movimiento de las naves es el jefe de operaciones, mencionó.
Nuevas pruebas de oficio
Los legisladores solicitarán información a la Contraloría General del Estado, respecto del uso de bienes públicos de la Policía Nacional, en el caso específico de las naves policiales, dentro del período 2013-2019, misma que será incorporada como prueba de oficio, dentro del proceso, conforme a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Justificación
A esta sesión también estaba prevista la comparecencia de Santiago Arias, mayor de la Policía Nacional, quien mediante carta se excusó argumentando que con antelación había programado sus vacaciones fuera del país y en su lugar autoriza al abogado Miguel Merino para que presente la documentación que sea necesaria dentro del proceso.
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