“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Citando el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se inició la segunda jornada del Seminario “Derechos Humanos y Construcción Normativa”, en el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional.
En este espacio, miembros de la Defensoría del Pueblo analizaron los derechos desde tres enfoques: interculturalidad, discapacidad y movilidad humana. Mélida Pumalpa, especialista en Derechos Humanos de la dirección Nacional de Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente, se refirió a la interculturalidad e indicó que esta se basa en reconocer al otro como diverso en su cultura, conocimientos y formas de vida. Remarcó que la Constitución de 2008, en sus artículos 56, 57, 58, 59 y 60 garantiza los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios.
De su parte, Daniela Alcántara, especialista en Derechos Humanos de la coordinación General Defensorial Zonal 9, presentó su ponencia “Entendiendo la Movilidad Humana y su Enfoque”, en ese sentido, explicó que la movilidad humana es un término que nace de visualizar el proceso de desplazamiento de una manera amplia y sobre todo integral que cualquier persona, familia o grupo humano realiza o experimenta para establecerse temporal o permanente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido o residido hasta el momento.
Destacó también las causas de movilidad humana, entre las que citó: económica, socio-económicas, políticas-bélicas, culturales medioambientales y familiares, a su criterio esta última es la más fuerte y la que mayor potencia le da a la migración. A la vez, puntualizó que Ecuador se ha convertido, en los últimos años, en un país receptor de personas de diferentes nacionalidades: colombiana, cubana y venezolana.
Edmundo Vaca, director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública, habló sobre el enfoque de discapacidades, en ese marco, citó el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que define qué es una persona con discapacidad. Al mismo tiempo, señaló que ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada, ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición. Recalcó que el artículo 35 de la Constitución estipula que las personas con discapacidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
En cuanto a la responsabilidad del Estado, indicó que este debe garantizar dotación de ayudas técnicas, provisión de medicamentos gratuitos, servicios de rehabilitación integral y permanente, atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias en particular en caso de discapacidad intelectual, acceso a la educación inclusiva y especializada, trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, exenciones tributarias, vivienda accesible, así como entornos accesibles sin barreras arquitectónicas.
El seminario realizado el 25 y 26 de noviembre contó con el apoyo de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional.
SV/cz
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