Que se mantengan las ocho millas para la pesca artesanal, incluso que se aumente esa longitud; que no se dé paso a la creación de la Agencia de Regulación y Control Acuícola y Pesquero, porque duplicaría funciones con el ente rector en esta materia; y que se garantice la seguridad en alta mar, así como la sostenibilidad y sustentabilidad del sector fueron los principales temas a los que se refirieron los legisladores. Lo hicieron durante la segunda jornada del primer debate del proyecto de Ley de Acuicultura y Pesca.
Entre el pasado jueves, 21 de noviembre, y este martes, 26, intervinieron 19 legisladores para expresar sus observaciones, a fin de que se las incluya en el informe para segundo debate. Todos coinciden en que es necesario actualizar la Ley que está vigente desde hace 45 años, para armonizarla con la Constitución, los tratados internacionales y las realidades que vive el sector.
La emisión de la tarjeta amarilla, por parte de la Unión Europea, constituye una alerta para el país, por lo que debemos aprobar una Ley actualizada, con el propósito de cumplir con todos los requisitos y condiciones, expresó Mercedes Serrano. El grupo europeo solicita, entre los pedidos, que se intensifique la lucha contra la pesca ilegal y advierte que de no solucionarlo prohibiría la importación de nuestros productos pesqueros.
Este proyecto trata de estar en sintonía con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que desalienta la pesca ilegal, agregó Patricio Donoso, quien, además, destacó que se debe aprovechar el acuerdo comercial que Ecuador tiene con la Unión Europea, puesto que este sector generar importantes divisas para el país, con 4.500 millones de ingresos por exportaciones.
Los parlamentarios también consideraron la importancia de estas actividades para la sostenibilidad y sustentabilidad del sector, sobre todo del artesanal. Creen que es necesaria una ley que los regule y fomente para hacer justicia social y económica con ellos. A este grupo, la norma les garantiza una zona de ocho millas naúticas para ejercer su actividad. Ahí no se podrá desarrollar la pesca industrial.
Para los pequeños y medianos productores, los legisladores solicitaron créditos preferenciales, seguridad social, precios justos, facilidades tecnológicas, protocolos para combatir la inseguridad y una norma que los proteja. Según Mauricio Proaño, el 85 % de la captura que llega a nuestras mesas proviene de la pesca artesanal, por lo que la legislación debe cumplir con una función social y ambiental.
La conservación de los ecosistemas y medio ambiente también ocupó parte del debate. Teresa Benavides pidió mecanismos para proteger, recuperar y restaurar los manglares, mientras que Brenda Flor exhortó que la actividad pesquera en Galápagos, en la reserva marina, se aplique según la Ley Especial de esta Región y Eliseo Azuero se refirió a la conservación de especies en la Amazonía.
Con estas observaciones, se cerró el primer debate del proyecto, que regresará a la Comisión de Soberanía Alimentaria para la construcción del informe para segundo debate.
LILA/cz
