La asambleísta Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, se mostró optimista que el proyecto de reformas al Código de la Democracia alcanzará más de 70 votos para su aprobación, en la reinstalación de la sesión 492 del Pleno, este martes 03 de diciembre.
Precisó que, recogiendo el anhelo de las organizaciones políticas, se propone el reemplazo del método D’Hont por Webster, que es un sistema más proporcional en cuanto al porcentaje de votación que obtiene una organización en una circunscripción territorial; dando así, representación a las minorías, argumentó.
Paridad de género
En el marco de la paridad, se establece que en el 2021 el porcentaje de mujeres que encabezarán las listas será del 15 %; en 2023, de 30 %, y el 2025 se espera alcanzar el 50 %. Mientras los jóvenes tendrán espacio inicial del 25 %, lo que obliga a los partidos a definir mecanismos para tratar de atraer a estos segmentos poblacionales a la actividad partidista y electoral, acorde a la norma constitucional que determina que las listas deberán conformarse con criterios de secuencialidad, paridad y alternabilidad.
Además, el documento especifica que los binomios, de forma obligatoria, con la presencia de hombre – mujer o viceversa se efectivizarán en el 2025.
Debate
Los candidatos presidenciales, al igual que para alcaldes y prefectos tendrán la obligatoriedad de debatir sus propuestas ante y con la ciudadanía, indicó.
Control del gasto
Peña expresó que se promueve la creación de un sistema interconectado entre el Servicio de Rentas Internas (SRI), Contraloría, Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero (Uafe), que se active con el Consejo Nacional Electoral, a fin de determinar movimientos ilícitos.
Asimismo, se propone bancarizar los aportes económicos que reciba un candidato o una organización política, además de un sistema contable que debe ser transparente, abierto al ciudadano, donde todos los partidos políticos muestren sus cuentas, comentó.
Tomando en cuenta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en época de campaña, gastan muchos recursos para promocionar la reelección de un alcalde o prefecto, se fijan prohibiciones para que dichos postulantes intervengan en actos de inauguración de obras que impliquen gastos de fondos públicos y que más bien prioricen el contenido de sus planes de gestión, enfatizó.
MG/cz
