Ministra de Gobierno presentó pruebas de descargo en proceso de juicio político

Martes, 03 de diciembre del 2019 - 09:19 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Fiscalización continúa en el proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por el presunto incumplimiento de funciones. En esta ocasión recibió al asambleísta José Serrano, como prueba de descargo, en su rol de exministro del Interior durante el periodo 2011-2016.

Durante su comparecencia habló de la reducción de la tasa de homicidios en el país, seguridad ciudadana, desarticulación de bandas, incautación de droga y operativos permanentes. Al ser consultado sobre la seguridad que tenía como Ministro indicó que se aplicaban protocolos para resguardar su integridad y la de sus familiares más cercanos. Respecto al uso de aeronaves informó que nunca los usó para fines personales.

En cuanto a la seguridad en los centros de rehabilitación mencionó que al interior existía una Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, la misma que entregaba informes y daba alertas tempranas para evitar amotinamientos, ingreso de drogas, problemas entre bandas, entre otros conflictos. Al ser interrogado por el femicidio de Diana Carolina, ocurrido en Ibarra, indicó que no podía dar un juicio de valor de lo actuado por la Policía.

Comparecencia Ministra de Gobierno

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó las pruebas de descargado. Al inicio de su intervención aclaró que como secretaria de Estado le corresponde generar política pública en materia de seguridad, coordinar con otras instituciones y con otros niveles de gobierno, más no tomar decisiones operativas, según señaló, eso sería faltar el respeto a la institucionalidad de la Policía Nacional. Destacó que en el proceso de juicio político se confunden las funciones, operativas y políticas.

Femicidio

Respecto al femicidio de Diana Carolina, expuso que el caso fue examinado por la Asamblea Nacional y que tanto la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, que analizó el hecho, y el Pleno, establecieron que no hubo responsabilidad política de su parte. Mencionó que este lamentable acontecimiento dejó a la Policía Nacional un doloroso aprendizaje, lo que obligó a reformular los protocolos de la Policía Nacional. Así también, explicó que se han ofrecido capacitaciones y entrenamientos.

Romo puntualizó que la Policía Nacional atiende a escala nacional un promedio de 100 mil llamadas al año por violencia de género, por lo que no se puede juzgar su labor por una atención que no llegó a los mejores términos. En su ponencia citó una serie de casos de la oportuna intervención de los uniformados.

Centros de Rehabilitación

En referencia a la seguridad en los centros de rehabilitación social destacó que desde hace 37 años las cárceles no son competencia del Ministerio de Gobierno. Manifestó que la seguridad en los centros depende de un cuerpo de seguridad ajeno a la Policía Nacional: los guías penitenciarios, apuntó. Sin embargo, dijo que una vez firmados los decretos de emergencia carcelaria la Policía Nacional reforzó la seguridad.

Uso progresivo de la fuerza

Sobre los cuestionamientos por el uso progresivo de la fuerza, destacó que en un Estado de derecho, este lo puede hacer a través de la Policía Nacional, siempre sometido a reglas y no a una orden de la Ministra. Destacó que los uniformados tienen la obligación de usar la fuerza para proteger el orden público, la vida y bienes de las personas.

Bienes públicos

En referencia al supuesto uso de bienes públicos ratificó que la utilización de las aeronaves, por lo que se le acusa, está reglamentada. Destacó que su transportación y seguridad son responsabilidad de la Policía Nacional y que esa protección se extiende a su familia más cercana. Puntualizó que se trató de hacer un escándalo por su movilización sin considerar su nivel de riesgo, que de acuerdo con una medición es de 94 sobre 100. Así también hizo un análisis comparativo de los vuelos realizados en aviones, en 2014 y 2019. En el primer año, dijo que se trasladó a las autoridades por 1.333 ocasiones, mientras que en este año se lo hizo por 78 veces. En cuanto al uso de helicópteros expuso que, en 2014, se movilizaron autoridades en 2.259 ocasiones; y en 2019, en 420 oportunidades.

Al finalizar su exposición, respondió varias inquietudes de los asambleístas. Además, puntualizó: “Tengo la expectativa de que esta Comisión obre con justicia y valore lo presentado, de tal manera que el proceso de fiscalización guarde la rigurosidad que el proceso de esta naturaleza merece”.

Una vez concluida la intervención, la asambleísta Johanna Cedeño, presidenta de la mesa de Fiscalización sostuvo que dentro del proceso se ha garantizado los derechos establecidos por la Constitución y la Ley, y todas las pruebas han sido procesadas.

SV/cz

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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, QUITO, 02 DE DICIEMBRE 2019.

 

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