La Comisión Ocasional que investiga los hechos relacionados con el paro nacional de octubre revisó conclusiones y recomendaciones del informe que será entregado, este martes 10 de diciembre, al Presidente de la Asamblea Nacional, a fin de que lo incluya en una sesión del Pleno para conocimiento de los parlamentarios.
En el debate, los comisionados señalaron que en el informe deberá primar la verdad de los hechos acaecidos en octubre. Ser imparcial, objetivo y con sustento claro del proceso de investigación, más aún, cuando se recibió a más de 70 comparecientes que dieron sus versiones.
Coincidieron en que el origen del problema fue la expedición del Decreto 883 del Ejecutivo que no fue socializado a la población y que contenía medidas que generaban un gran impacto a la economía popular; sin embargo, no justificaba el estado de conmoción que se vivió.
A criterio de los legisladores existe la necesidad de solidarizarse con todos los afectados y víctimas que sufrieron en su integridad física. Indicaron que urge llamar a un diálogo real, incluyente y plural entre el Gobierno Nacional y los sectores sociales del país, sobre la crisis económica que viven las familias ecuatorianas y las medidas necesarias para resolverla. Lo importante es contribuir al clima de paz, precisaron.
Hay exigir al Estado garantizar la reparación integral a los familiares de las personas fallecidas, así como a las víctimas de lesiones permanentes y no permanentes, de detenciones arbitrarias y de daños económicos y materiales durante las protestas, señalaron. Eso implica, especialmente, garantizar el derecho a la verdad y la justicia, con una investigación expedita que aclare la causa de esas muertes, asegurando la necesaria imparcialidad por parte de quienes conduzcan las investigaciones, a fin de evitar conflictos de intereses.
El informe precisa que el Parlamento debe establecer fecha para que los órganos de justicia determinen con claridad cuántos son los muertos y cuáles las causas; se determinen responsabilidades por los delitos incurridos en esa fecha, incluyendo actos de vandalismo, como la quema de la Contraloría. Fueron enfáticos al señalar que en todo el proceso de investigación se garantice el debido proceso.
Los asambleístas indicaron que hubo violencia de lado y lado; pero a la vez, que de la mano de la protesta social se evidenció violencia organizada que buscaba la conmoción nacional para desestabilizar el Estado.
Para el esclarecimiento de la verdad, mencionaron que la Comisión Multipartidista debe recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional apruebe un seguimiento exhaustivo a las recomendaciones dadas en este informe. Hubo voces para que se tome en cuenta las medidas cautelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual el Gobierno Nacional debe adoptar medidas para las personas que tienen prisión preventiva.
Finalmente, “nada justifica los hechos de violencia que se dieron entre el 2 y 13 de octubre”. Hay heridos, fallecidos y circunstancias poco claras de los hechos, por tanto, hay que sentar precedentes para que no vuelva a suceder este tipo de hechos, concluyeron.
JLVN/cz
