El monto asignado a la difusión de la publicidad y propaganda estatal no deberá superar el 0.2 % del presupuesto anual que corresponde a cada una de las funciones y entidades del Estado. Esta la propuesta del legislador Fernando Callejas en su proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que es analizado por la Comisión de los Derechos Colectivos.
El parlamentario acudió a la comisión a fundamentar su planteamiento. Allí argumentó que busca evitar el abuso y el mal uso de los recursos para publicidad, fondos que buena falta hacen para atender las necesidades urgentes de la población. Si bien es cierto, existe la necesidad de informar sus actividades, programas y proyectos en beneficio de la comunidad, no se puede abusar de esta normativa para desperdiciar los recursos de los ecuatorianos, añadió.
Con la formulación de este proyecto se evitaría el excesivo gasto en la difusión de publicidad y propaganda estatal, así como la utilización de recursos públicos para fines políticos y electorales que desvirtúan el accionar de la función pública, según la propuesta.
No se limita la posibilidad de informar, se evita el dispendio, afirmó Fernando Callejas, al explicar que es necesario determinar que la difusión de la publicidad y propaganda estatal se refiera exclusivamente al objeto institucional, ejecución de obras y proyectos, generación de bienes y servicios públicos, catástrofes naturales y eventos de conmoción interna.
También plantea prohibir el uso del presupuesto asignado a publicidad y propaganda estatal con fines políticos, electorales o que sirvan para la promoción de imagen personal, voz y nombre de los servidores públicos.
El asambleísta reiteró que con el proyecto se fija como techo para el gasto para publicidad y propaganda en el 0.2 % del presupuesto de toda entidad pública. Puso como ejemplo el Municipio de Guayaquil que con un presupuesto de 763 millones asignaría 1.5 millones de dólares para publicidad; el de Cuenca 488 mil y Puyo 90 mil dólares al año.
En la Comisión de Derechos Colectivos, tras respaldar la intención de limitar estos recursos, señalaron que para fijar un techo es necesario considerar factores como la situación geográfica y la población de las diversas jurisdicciones del país.
Caso militares
En otro orden, el presidente de la comisión, Jaime Olivo, anunció que pedirá al ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín, informe las razones por las que cinco oficiales de las Fuerzas Armadas fueron separados del Ejército, tras no aprobar un curso en la ESPE.
Byron Vaca, abogado de José Farinango, uno de los oficiales sancionados, explicó que su defendió fue separado de la institución sobre la base de un Reglamento de Educación del Ejército, norma que fue derogada por la Ley Orgánica de Educación Superior, por lo que solicitó la mediación de la comisión.
De su lado, José Farinango expresó que los alumnos civiles de la ESPE tienen opción a una segunda matrícula, posibilidad que no tienen los militares, lo que va contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
PV/cz
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