La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por William Garzón, inició el tratamiento de una nueva propuesta de Ley que reforma la Ley de Discapacidades. La norma tiene como objetivo establecer mecanismos de teletrabajo como opción laboral para las personas con discapacidad, con relación de dependencia, de carácter no presencial, en jornadas ordinarias o especiales.
La asambleísta Marcela Holguín, proponente de la iniciativa, expuso los alcances y explicó que las personas con discapacidad podrán tener la opción de acogerse a la modalidad de teletrabajo siempre que esta no implique caer en las prohibiciones establecidas en la ley.
De forma permanente, es cuando la jornada laboral ordinaria o especial se realiza fuera de las instalaciones de la institución, utilizando medios y recursos tecnológicos de información y comunicación. La o el teletrabajador podrá asistir a las instalaciones de la institución pública donde presta sus servicios cuando sea requerido por el responsable de la unidad o proceso al que pertenece.
Mientras la parcial, será la jornada laboral ordinaria o especial realizada fuera de las instalaciones de la institución hasta un máximo de 24 horas a la semana, y el resto de horas serán laboradas en las instalaciones de la institución. Las instituciones de educación superior públicas o privadas deben promover la inserción de personas con discapacidad como personal académico o de apoyo.
Su propuesta además, incluye dos artículos innumerados relacionados al sistema de becas. Uno de ellos plantea que las instituciones de educación superior públicas y privadas otorgarán becas completas y medias becas en modalidad de estudios presenciales. En la modalidad de estudios semipresenciales se otorgarán medias becas y en modalidad de estudios a distancia la institución de educación superior determinará el porcentaje de asignación de la beca.
En este mismo sentido, las personas con discapacidad tendrán un descuento del 25 % del valor total de cursos de formación continua.
La legisladora recordó que en agosto de 2017, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades reportó un total de 425.877 personas que en Ecuador tienen algún tipo de discapacidad. El 19,47 % presenta un grado de discapacidad mayor al 75 %. Solo el 13 % se encuentran laboralmente activa en el país. Por ello, enfatizó en la posibilidad de que este grupo de atención prioritaria puedan acceder a un empleo remunerado.
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