La Comisión de Soberanía Alimentaria, que preside Lenin Plaza Castillo, recibió a autoridades de la banca pública y del sector pesquero, con quienes analizó la propuesta de crear la hipoteca especial acuícola, como garantía crediticia dirigida al sector de la pesca y acuicultura, que forma parte del proyecto de ley que sobre esta manera presentó el Ejecutivo.
En efecto, el organismo escuchó a Carlos Luis Tamayo, gerente de BanEcuador, quien se mostró partidario de buscar las mejores alternativas para atender los requerimientos de financiación, sobre todo para los pequeños productores. Constituir una hipoteca sobre derechos, no sobre bienes, como el caso de las concesiones de playas y bahías, no se ajusta a las condiciones previstas en el ordenamiento civil para este tipo de garantías, señaló.
En su explicación Tamayo aclaró que las garantías crediticias deben ser valorables económicamente, pues deben superar el 120 % del monto del préstamo y, sobre todo, ser susceptibles de venta a un tercero.
Para Pablo Patiño, gerente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), el problema está en buscar los mecanismos de acceso al crédito para este importante segmento productivo. No obstante, frente a una obligación de este tipo tiene que haber una garantía real, capaz de satisfacer esa obligación, que pueda ser embargable y las concesiones no reúnen estas características.
Mientras, María Auxiliadora Soria, del Banco Pacífico, consideró que la creación de esta hipoteca podría significar un largo camino, tomando en cuenta una serie de normas vigentes que se deberían reformar, para que la propuesta sea viable, comenzando por la legislación civil, ya que el Estado es el dueño de las zonas de playa y bahía, el concesionario posee un derecho sobre ellas por un tiempo determinado, de ahí que es necesario trabajar en alternativas para su valoración.
En igual sentido, Alejandro Moya, subsecretario de Recursos Pesqueros del Ministerio de la Producción, aseguró que desde esta cartera de Estado se ha hecho todo lo posible por incluir esta modalidad de garantía, que ayudaría sobre todo al pequeño productor camaronero o de otras especies acuícolas, es decir a quienes cuentan con concesiones con menos de 50 hectáreas en zonas de playa y bahía.
La Comisión de Soberanía Alimentaria se encargará de evaluar las alternativas de financiamiento para los productores pesqueros, sobre todo pequeños y medianos, a fin de que tengan la posibilidad de incrementar su producción y mejorar la calidad, mecanismos que constarán en el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura auspiciada por el Presidente de la República.
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