En décadas pasadas, la violencia de género era un tema que se lo trataba en espacios privados y donde la participación del Estado no existía. Los avances de la participación femenina en el ejercicio de la política ecuatoriana se ha dado, principalmente, por iniciativas de los movimientos de mujeres. Esta es la opinión de la azuaya Grace Jiménez, consultora política y activista por los derechos de este grupo poblacional, al evaluar el contenido y alcances de las reformas al Código de la Democracia.
Menciona que los cambios a la normativa se han convertido en un avance significativo para las mujeres en el Ecuador, tras enfatizar la trascendencia de que encabecen las listas pluripersonales, con un criterio de progresividad del 15 al 50 %, en el periodo 2021 al 2025, lo que muestra un verdadero equilibrio de poder.
Aunque en todos los niveles de gobierno tienen el mandato de trabajar por la vigencia de derechos, en la práctica los gobiernos autónomos descentralizados han visto una barrera en las competencias para poder implementar acciones más efectivas, señala Jiménez. Más allá de la articulación, se requiere efectivizar la norma constitucional, para asegurar que la defensa de los derechos políticos de las mujeres sea un reto más grande y que en cada territorio, sus autoridades y ciudadanos presenten programas y proyectos de participación y alternabilidad en la política.
En el Azuay después de 8 años (2 periodos consecutivos) de tener una Vicealcaldesa de Cuenca, como lo dice el art. 317 del COOTAD, se ha vulnerado el principio de paridad y alternabilidad en la función municipal. Incluso se ha cuestionado el rol de las mujeres que han sido autoridades, desde su capacidad para legislar, fiscalizar, como para asumir cargos, aduciendo que los hogares se veían descuidados o que no mantienen un rol tan activo en la política local. Ha sido notoria la falta de apoyo de sus colegas en los cuerpos colegiados de los gobiernos seccionales, argumenta.
La experta precisa que la ley era susceptible de las voluntades de las autoridades de turno, dejando sentado que aún el Estado y los gobiernos seccionales no interiorizan como parte de la práctica cotidiana de la política pública la inclusión de género o las mismas demandas de las mujeres en la sociedad. En las elecciones del 2014, un total de 58,5 % de los candidatos fueron hombres y el 41,5 % mujeres. De estos, el 77,8 % fueron elegidos, es decir 8 de cada 10 hombres candidatos gobiernan el país.
Sin duda, las reformas al Código de la Democracia abren otro horizonte para la participación de las mujeres y vuelca su rol de sujeto social a sujeto político, de usuaria a sujeto de derechos con responsabilidades más incluyentes en el ejercicio de la política y en general de la formación ciudadana a todo nivel.
Estas reformas electorales motivan que la paridad y la alternabilidad debe ser un requisito obligatorio, y en similar peso el movimiento de mujeres refleja mayor madurez al motivar la participación femenina sea sensibilizada a los temas de género, con propuestas orientadas a las luchas históricas como el acceso a la salud, la educación, la equidad laboral y la erradicación de la violencia de género. Confiamos que en el 2025, Ecuador tenga una segunda mujer en Carondelet, reflexiona Grace Jiménez.
MG/cz
