“El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia estará constituido por tres tipos de organismos. Así se plantea en las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (Cona), que tramita la Comisión Ocasional que trata estos temas y que analiza un borrador de informe para primer debate.
La integración del Sistema es parte del Libro III de las reformas. La propuesta es que esté conformado por unos organismos que se encargarán de la coordinación, evaluación, control y sanción. De estas acciones se encargarían el Consejo Ecuatoriano para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Dirección especializada en estos tema, de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.
Por su parte, otras entidades deberán impulsar la participación, protección y defensa de derechos de estos sectores vulnerables de la sociedad. En este caso, la Comisión consideró pertinente incluir a las Juntas Cantonales de Protección, la administración de justicia especializada, los consejos consultivos, las defensorías comunitarias, las juezas y jueces de paz, así como otros que pudieran crearse.
Las acciones para la prevención, atención, restitución y reparación de derechos sería otro eje de acción del Sistema. El planteamiento es que de estos planes se encarguen las instituciones públicas, privadas y comunitarias; las organizaciones no gubernamentales; y los organismos de cooperación internacional, que realizan acciones destinadas a evitar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean amenazados y vulnerados.
El Sistema, según la definición, que ha propuesto el equipo asesor, es el conjunto articulado y coordinado de personas, órganos, instituciones, entidades y servicios que formulan, ejecutan y controlan el cumplimiento de todas las acciones destinadas a garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tendrá un ente rector.
Para un mejor funcionamiento, en el documento también se propone la conformación de tres subsistemas: para la atención integral a la primera infancia, de protección especial y de adolescentes en conflicto con la ley penal.
El próximo año, la Comisión, cuyas funciones se prorrogó hasta marzo de 2020, retomará el análisis, a fin de aprobar el informe para primer debate.
LILA/ea
