En el primer trimestre de 2020, la Comisión de Régimen Económico entregará los informes de las reformas al Código Monetario y Financiero; al Código de Planificación y Finanzas Públicas; y, de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Código Monetario
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión unificó cinco proyectos de iniciativa de Daniel Mendoza, Henry Cucalón, César Carrión, César Rohón y Tito Puarchir. La Comisión elaborará el informe para segundo debate.
Se plantea reformas al Libro I para que las sucursales de entidades financieras extranjeras establecidas en Ecuador puedan realizar todas las operaciones financieras. Se propone que para la constitución de una entidad financiera, por ejemplo, deberán demostrar no tener impedimento para crear sucursales u oficinas de representación en Ecuador. Sobre el domicilio principal, que no se encuentre establecido en paraísos fiscales o jurisdiccionales de menor imposición a la del Ecuador, de acuerdo con las definiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Otra iniciativa, reforma el artículo 72 del Código Orgánico Monetario y Financiero a fin de que los informes reservados de la Superintendencia de Bancos no apliquen a aquella información que tenga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la que tendrá el carácter de pública y exigible.
Una tercera iniciativa establece los límites bajo los cuales el Banco Central podrá adquirir títulos de deuda emitidos por el Gobierno. Establecer la prohibición expresa de que el repago de tales obligaciones se haga mediante donaciones en pago o cualquier otro mecanismo que desmejore la posición de liquidez del Banco.
La cuarta propuesta prevé que los cargos por servicios financieros consten en los reportes de corte y estados de cuenta, indicando el concepto y la base legal de cada uno. En este sentido, establece como prohibición para los bancos negarse a refinanciar operaciones de crédito. Y, la quinta iniciativa que tiene como objetivo mejorar el control del sistema financiero nacional por parte de los entes de control.
Contratación pública
La mesa legislativa revisa el articulado de ocho iniciativas legislativas para estructurar el informe para segundo debate, respecto de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública de iniciativa de los parlamentarios Henry Cucalón, María Mercedes Cuesta, Mónica Alemán, Absalón Campoverde, Rómulo Minchala y Juan Pablo Velín.
Las propuestas están orientadas a enfrentar posibles actos de corrupción en todo proceso que afecte al Estado, fomenta la transparencia en la gestión pública, garantiza la calidad del gasto público, mejorará la simplificación y adecuación de los procesos para alcanzar concurrencia y agilidad, también, garantiza mayor seguridad jurídica y reduce la discrecionalidad, subrayó Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico.
El asambleísta precisó que el país necesita fortalecer la capacidad institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a fin de que realice los procesos de manera oportuna, técnica y tecnológica. Indicó que es importante hacer un seguimiento riguroso para identificar y evitar vínculos perniciosos entre los actores de la contratación.
De acuerdo a Mendoza, el Sercop entregará una propuesta integral para ser analizada en la comisión, el próximo año.
Planificación
Así mismo, los comisionados avanzarán con el tratamiento de los proyectos de reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas que contribuirá al fortalecimiento de la transparencia en el manejo y evaluación de los recursos estatales. Está previsto elaborar el informe para primer debate de esta iniciativa de las asambleístas María Mercedes Cuesta y Gabriela Larreátegui.
Según María Mercedes Cuesta su proyecto nace de un intenso debate sobre la necesidad de que el Estado sea mucho más eficiente, en cuanto se refiere a la asignación y ejecución de presupuestos para cumplir las diferentes responsabilidades de las instancias de gobierno. Para el efecto, es indispensable contar con mecanismos adecuados para la evaluación, antes, durante y después de la puesta en marcha de un plan o programa de inversión.
De su lado, Gabriela Larreátegui aseveró que su propuesta busca transparentar el endeudamiento público, a fin de saber con claridad cuáles son los rubros que deben constar en el cálculo del techo establecido en la Constitución y la ley, entre otros aspectos.
JLVN/cz
