La Comisión de Biodiversidad entregará el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, en el primer trimestre de 2020. La mesa legislativa, en febrero, realizará la socialización de los cambios efectuados a la normativa con el fin de que los pobladores y autoridades locales conozcan su contenido y expongan sus observaciones para mejorar el texto del documento.
La propuesta está encaminada a proteger el patrimonio natural de las islas Galápagos, bajo criterios técnicos, científicos, de desarrollo sustentable y sostenible. La norma regula el régimen jurídico administrativo, ambiental, la planificación integral y el ordenamiento territorial. Este marco, consolida un modelo integral de gestión del ecosistema del Archipiélago.
Además, está orientada a incentivar y desarrollar una economía amigable con la naturaleza, dentro de los límites de la capacidad de soporte de los ecosistemas de la provincia, promoviendo la economía circular y la agroecología. Estas orientaciones implican que cualquier acción se base en el respeto a la integridad ecológica y la capacidad de recuperación de los ecosistemas terrestres y marinos.
Igualmente, se incluye como competencia del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos la regulación, además de promover y ejecutar la estrategia de economía circular para la provincia. También, fortalecer los derechos de participación ciudadana, de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Fiscalización
En materia de fiscalización, los comisionados tienen previsto acudir a los cantones de Zaruma y Santa Rosa, en la provincia de El Oro, los días 14, 15 y 16 de enero de 2020 para tomar acciones frente a la problemática generada por la explotación minera en estas zonas. En esta sesión en territorio, convocarán a las autoridades competentes con el objeto de establecer líneas de acción de trabajo conjunto.
En estas zonas existe el deterioro de la calidad de agua de los ríos Calaguro, Santa Rosa y Estero Medina, provocados por efectos de la explotación minera, especialmente en la zona de la comunidad Bella María.
La legisladora Rosa Orellana, en el seno de la comisión indicó que la contaminación del agua de los ríos ha provocado casos de cáncer en niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, debido a las trazas de arsénico peligrosas para la salud humana, encontradas en los análisis realizados por la empresa de Agua Potable en la provincia de El Oro.
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