El Pleno de la Asamblea Nacional arrancó sus labores en 2020, con la aprobación de la Ley de Emprendimiento e Innovación (116 votos) cuyo objetivo es establecer el marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor.
El asambleísta Esteban Albornoz, ponente del proyecto, expuso el contenido de la norma e indicó que la ley es necesaria para el desarrollo productivo del país, pues permite convertir los sueños de emprendedores en realidad, dijo que este cuerpo legal busca eliminar barreras, dar facilidades y oportunidades para el emprendimiento. Puntualizó que el emprendimiento de oportunidad en Ecuador es del 57,31 %, versus al emprendimiento de necesidad que es del 42.33 %. Mencionó que el Índice de Espíritu Emprendedor del país, es el segundo más alto de la región.
De la misma forma indicó que la norma tiene vinculación con dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), trabajo digno y crecimiento económico (punto 8) y producción y consumo responsables (numeral 12). En su intervención indicó que existen factores que fomentan o restringen el emprendimiento, en ese marco señaló: apoyo financiero, educación y formación, infraestructura comercial, apertura mercado interno, políticas gubernamentales, normas sociales y culturales, fuerza laboral, entre otros.
Debate
Durante el debate, en total 30 intervenciones, los asambleístas destacaron que la ley es fundamental para el progreso nacional, la creación de fuentes de trabajo, mantenimiento de la dolarización y la generación de divisas. Resaltaron que con la norma habrá reducción de trabas, simplificación de trámites un esquema ágil de créditos y financiamiento. También apuntaron que se deben establecer mecanismos de reestructuración de emprendimientos para que las empresas no cierren, quiebren o salgan del mercado.
Al mismo tiempo, destacaron que se requiere políticas públicas por parte del Estado para que las iniciativas tengan éxito, se habló de incentivos, seguridad jurídica, capacitación, asistencia técnica, estudios de mercado y planes de negocios. Insistieron que con la norma nace una nueva esperanza para que las familias tengan empleo digno y el país sea próspero. Además, solicitaron la colaboración de la banca pública y privada para el otorgamiento de créditos.
Pidieron también que el Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación esté conformado por menos miembros, la idea es que no se cree burocracia y se dé agilidad y rapidez a las solicitudes de los emprendedores. Otra de las peticiones para incluir en el informe fue la necesidad de que existan tasas de crédito preferenciales para la circunscripción amazónica, zonas fronterizas, migrantes retornados y afectados del terremoto de abril de 2016.
Beneficios de la ley
Se regula la creación, funcionamiento y atribuciones del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación (CNEI), la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación y la Estrategia Nacional de Emprendimiento e Innovación.
A la vez se contempla la creación del Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), la generación de una Guía Nacional de Emprendimiento por parte de la Secretaría Técnica CNEI para que provea de información macroeconómica, legal, tributaria, sectorial, laboral, financiera del ecosistema del emprendedor.
Así también habrá acceso preferente a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos, a través capital semilla, capital de riegos e inversión ángel (plataformas de inversión). En otro aspecto, la norma tiene previsto promover el establecimiento de una formación teórica y práctica para el emprendimiento, fortalecer actitudes y aptitudes en el estudiante (secundario y nivel superior), con el objetivo de mejorar las capacidades, habilidades y destrezas que permitan emprender con éxito iniciativas productivas.
En la Ley también se habla de plataformas de fondos colaborativos o “crowdfunding”, los cuales conectan mediante plataformas de internet a personas públicas, privadas o de la economía popular y solidaria, denominadas promotores, que requieren capital para un determinado proyecto, con o sin ánimo de lucro; con otras personas, denominadas inversores, interesadas en aportar sus recursos para la consecución de dichos proyectos, bajo determinadas condiciones y a través de distintas categorías.
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