El Pleno de la Asamblea Nacional desarrolló, por más de cuatro horas, el juicio político en contra de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura y Patrimonio, durante la sesión 650, de este 15 de enero de 2020.
Sin embargo, la moción de censura planteada por los interpelantes Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalva, no tuvo los votos necesarios. Se registraron 59 votos afirmativos y 23 abstenciones, pues para proceder a la censura de un exministro se requería el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea, es decir 91 voluntades.
Al funcionario le plantearon juicio político por haber desobedecido la Ley de Cultura y su Reglamento en lo que respecta a la asignación del presupuesto para la sede y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) Benjamín Carrión. Según los interpelantes, el 50 % del mismo se concentra en la sede nacional de Quito.
Luego que Raúl Pérez ejerció su derecho a la defensa, por el lapso aproximado de 45 minutos, sobre las acusaciones imputadas en su contra, el Pleno escuchó los argumentos de los interpelantes, Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalva.
El asambleísta Juan Cristóbal Lloret se refirió a los argumentos técnicos, jurídicos y políticos para evidenciar el incumplimiento de funciones del mencionado exfuncionario. Destacó falencias de carácter administrativo y dijo que estas devinieron en un incumplimiento de funciones, al no asignarse los recursos necesarios a los diferentes núcleos de la CCE del país.
Insistió que hay una afectación importante a la cultura, a los gestores y actores culturales, sobre todo en las provincias. Se ha reflejado exclusión y falta de asignación de recursos con sujeción a la ley, enfatizó. Sobre la concentración centralista de los recursos económicos, reveló que de 15.8 millones de dólares, 7.7 millones se quedan en Quito; 7.4 millones para los 23 núcleos provinciales y 640 mil dólares para Pichincha. Sobre esta gestión de los recursos económicos de la cultura se ha producido un retroceso importante en materia de desconcentración y descentralización, afirmó Lloret.
Recalcó que la ley obliga al Ministro de Cultura a determinar la fórmula de distribución de los recursos en base a las variables establecidas en la Ley de Cultura, con criterios de justicia, equidad y corrección de las asimetrías, mismas que a su juicio no se cumplieron.
“Lamentablemente, el exministro de Cultura no tuvo la posibilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes y, nuevamente, se dio un proceso discrecional de entrega de recursos por la inacción del funcionario”, enfatizó el legislador.
Al cierre de su intervención propuso la censura del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, argumentando que existe una serie de negligencias en la aplicación de la Ley de Cultura y su Reglamento.
Por su lado, la asambleísta Lira Villalva expresó que el juicio político al exministro de Cultura, se cumple desde el ejercicio de la función fiscalizadora que la Constitución otorga a los legisladores, tras señalar que éste no es un asunto personal, ni tiene que ver con ideologías políticas, peor con el pensamiento de Raúl Pérez, quien como Ministro de Cultura estaba obligado a cumplir y hacer cumplir la ley.
Coincidió con que el exfuncionario no definió la fórmula para la asignación de recursos a los núcleos provinciales de la CCE y más bien trabajó para dar de baja el Reglamento a la Ley de Cultura. Resaltó que Raúl Pérez incumplió la Constitución, en particular en la parte que dispone que el Estado ejerza la rectoría a través del órgano competente y garantice los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.
Por último, señaló que con el juicio político se evidencia que hay un manejo cuestionable del talento humano de la Casa de la Cultura, que debe ser investigado por el Ministerio de Trabajo y la Contraloría y, por tanto, procede su censura.
Debate
En el debate, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, defendió el trabajo de la Comisión y dijo que actuó con apego a la ley, alejada de posiciones políticas, con respeto a los derechos constitucionales y el debido proceso. Comentó que el propio exministro Raúl Pérez declaró que no estaba de acuerdo con el Reglamento a la Ley de Cultura, pero pese a ello, tenía la obligación de cumplir sus disposiciones.
De su lado, la asambleísta Lourdes Cuesta recordó que el Pleno dispuso a la Comisión de Educación investigue la distribución de rentas para la cultura, que nació de una preocupación de gestores culturales y del núcleo del Azuay de la CCE, frente a la asignación de recursos.
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