La Comisión Ocasional de Transporte, con siete votos, resolvió oficiar a la Contraloría General del Estado proceda a una auditoría especial al proceso de adjudicación de cupos de transporte terrestre de varias operadoras, en la provincia de Galápagos, que se concretó mediante resolución del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, el 29 de octubre de 2018. El pedido lo formuló el legislador Xavier Cadena.
La mesa legislativa trató este tema con la presencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez; el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Álvaro Guzmán; el ministro del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Norman Wray; Guido Gil, representante de la Unión de Transportistas de Galápagos.
El ministro Gabriel Martínez mencionó que la resolución ANT-NACDSGRDI18-0000087, de fecha 29 de octubre de 2018 y su revocatoria, obedece a la necesidad de ordenar el sistema de transporte de la provincia de Galápagos.
Norman Wray recordó que en el 2018 hubo un pedido de Lorena Tapia, entonces ministra del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, quien solicitó hacer un estudio de transportación terrestre, tomando en cuenta la demanda insatisfecha de los pobladores de las islas.
Actualmente, junto con el gobierno autónomo descentralizado coordinan el trabajo a través de una mesa técnica interinstitucional de seguridad y transporte, para ver la necesidad y la problemática de Galápagos, tomando en cuenta su régimen especial. Con este estudio se busca potenciar el transporte masivo y de bajo impacto ambiental. Con este fin, se llevó a cabo un censo para establecer políticas públicas en base a la realidad existente.
Entre tanto, Álvaro Guzmán recordó que el transporte mixto y turístico son competencia de la ANT. Aclaró que el objetivo del censo no es regularizar plataformas, sino establecer políticas públicos sobre la realidad existente. Indicó que está por finalizar el Plan Nacional de Movilidad y Accesibilidad, orientado a encontrar aquellas áreas que no cuentan con servicio público y comenzar a reorganizar las rutas de tal forma que los sectores olvidados puedan utilizar transporte público de calidad. El fin del Plan es combatir la irregularidad y la ilegalidad, agregó.
Guido Gil, representante de la Unión de Transportistas de Galápagos, resaltó la necesidad de tener un transporte diferenciado para generar fuentes de empleo e impulsar la economía local.
Los parlamentarios señalaron la necesidad de crear políticas públicas para cuidar el medio ambiente en Galápagos. Además que es indispensable regular que ingresen más automotores a la provincia de Galápagos; y, apremia utilizar energía limpia. Pidieron se entregue una copia del informe de impacto ambiental para aprobar y legalizar los tipos de transporte, así como el estudio del censo.
JLVN/cz
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