Con el fin de analizar qué implicaciones tiene para el Ecuador el informe final elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto al paro nacional de octubre de 2019, el grupo Parlamentario de Derechos Humanos recibió al ex defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira y a Patricio Benalcázar, especialista en derechos humanos.
El exfuncionario se centró básicamente en dos conclusiones emitidas por la CIDH. Primero, sostuvo que las medidas económicas adoptadas mediante Decreto 883 carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana, transparente y participativo, así como de una evaluación de impacto en términos de progresividad. En segundo lugar, hizo referencia a que las fuerzas de seguridad no tomaron en cuenta los protocolos que garanticen el uso de armas adecuadas, progresivo y proporcional para garantizar los derechos humanos.
“El informe de la CIDH no se lo debe entender como acusatorio, el Estado en lugar de confrontarlo debe establecer un nivel de diálogo”, opinó Rivadeneira.
En cuanto a las recomendaciones emitidas por la CIDH, centró su análisis en el establecimiento de un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias; mantener, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por las autoridades y fortalecer las medidas adoptadas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.
De su parte, Patricio Benalcázar mencionó que el informe de la CIDH se centra en la violación a los derechos humanos y recalcó que las acusaciones de que el informe es sesgado son malintencionadas porque el órgano vela por los derechos humanos en la región y su informe tiene que ver con esa materia.
Debate
Al finalizar las intervenciones de los invitados a la mesa y los asambleístas; la legisladora Doris Soliz, presidenta del Grupo Parlamentario, indicó que realizarán un trabajo de seguimiento en coordinación con la Defensoría y los familiares de las víctimas, trabajarán en conjunto con la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos sucedidos durante el paro, y como grupo emitirán un pronunciamiento en el que exigirán al Estado ecuatoriano el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
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