La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social escuchó a Magaly Ruiz y Ricardo Reyes, representantes de la Fiscal General, Diana Salazar, quienes presentaron observaciones al proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
Ruiz puntualizó que Ecuador necesita una legislación que permita mayor operatividad en la recuperación de bienes. Manifestó que, en la actualidad, la gran parte de los capitales se encuentran fuera del país y no existe una normativa que permita repatriarlos.
Una de las observaciones al proyecto fue que no debería ser necesario un proceso penal para la extinción de dominio; que las investigaciones no estén a cargo de unidades judiciales sino de unidades especializadas y que se establezca si a las audiencias para resolver el pedido de medidas cautelares, además del juez y fiscal deberá acudir la persona afectada.
Ricardo Reyes experto en litigio estratégico de la Fiscalía General, acotó que en el articulado se cita la creación de unidades especializadas de extinción de dominio, sin embargo, dijo que en la institución hay déficit de fiscales. Al mismo tiempo, señaló que dicha ley será una herramienta útil para luchar contra delitos económicos.
Observaciones Contraloría
El Contralor General, Pablo Celi, envió por escrito las observaciones al proyecto. Destacó que la norma propone que la Fiscalía dirija una investigación patrimonial, circunstancia que debe articularse con la investigación procesal y procesal penal que ya ejecuta, conforme a la competencia asignada por mandado constitucional. Por esta razón la asignación de una nueva función a la Fiscalía exigirá una reforma al Código Orgánico Integral Penal.
También señaló que el artículo 15 de la iniciativa incorpora en su procedimiento a jueces anticorrupción, tanto en primer nivel, cuanto para apelación (Cortes Provinciales) lo que ameritaría reformar el Código Orgánico de la Función Judicial.
Ley necesaria
El presidente de la Comisión, Raúl Tello, apuntó que el país requiere una ley que permita recuperar los recursos de los ecuatorianos que se obtuvieron de manera ilícita en actos de corrupción. Mientras que la asambleísta Mae Montaño sostuvo que el interés de la ciudadanía es que las instituciones sean efectivas en recobrar lo robado y termine la impunidad. Dejo claro que la Fiscalía General del Estado debería ser la encargada de su aplicación.
El titular de la mesa legislativa indicó que se receptarán nuevas observaciones a la norma, esta vez, por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y organismos de la sociedad civil.
SV/cz
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