Federación Nacional de Periodistas y Consejo de Justicia citados a Derechos Colectivos

Martes, 28 de enero del 2020 - 15:50 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Federación Nacional de Periodistas y Consejo de Justicia citados a Derechos Colectivos

Dos temas serán abordados en la Comisión de Derechos Colectivos. Los comisionados tratarán sobre la supuesta vulneración de derechos de tierra y las reformas a la Ley de Comunicación, este miércoles 29 de enero a las 10:00.

En este marco, la mesa convocó a Segundo Quizhpe, coordinador de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) de la provincia de Loja; Miguel Seráquive, coordinador del Consejo de Justicia; y, María Medina, secretaria del Consejo de Justicia, a fin de que expongan la presunta vulneración señalada en el oficio CONAPE-No 01-2020, con fecha 9 de enero de 2020.

Luego, los comisionados recibirán a Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, a fin de que presente sus observaciones a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

En materia de comunicación, la mesa legislativa revisa dos proyectos de reformas. Una relacionada a la comunicación como un derecho y no como un servicio. Los legisladores concuerdan con que se lo conceptualice de esta manera, pero creen que se debe clarificar aspectos sobre los medios alternativos de comunicación, a través de las redes sociales, y cómo deben ser concebidos los medios de comunicación social.

Otro proyecto, establece que no se puede abusar de los recursos de los ecuatorianos para informar las actividades, programas y proyectos en beneficio de la comunidad. El asambleísta Fernando Callejas recordó que el monto asignado a la difusión de publicidad y propaganda estatal no debe superar el 0.2 % del presupuesto anual que corresponde a cada una de las funciones y entidades del Estado.

El parlamentario argumentó que con la formulación de este proyecto se evitaría el excesivo gasto en la difusión, así como en la utilización de los recursos públicos con fines políticos y electorales que desvirtúan el accionar de la función pública. Así también, la normativa prohíbe que dichos recursos sirvan para la promoción de imagen personal, voz y nombre de los servidores públicos.

JLVN/ea

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