En el curso del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo del Sector Acuícola y Pesquera, Lenin Plaza Castillo, titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en su ponencia, aseguró que esta normativa constituye un instrumento clave para el desarrollo de este segmento productivo en el país.
“Este proyecto es el resultado de un debate dinámico, profundo, tanto en el ámbito técnico, cuanto del punto de vista jurídico”, añadió, al insistir que en el informe se recogió la mayoría de las observaciones formuladas por los asambleístas, de los diversos sectores relacionados con la actividad pesquera y acuícola, así como de las propuestas ciudadanas que llegaron a la mesa.
Lenin Plaza indicó que la Ley de Desarrollo Acuícola y Pesquero tiene absoluto apego a los derechos del buen vivir, garantiza la soberanía alimentaria. “Esta ley busca ordenar, fomentar y regular el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y acuáticos”, enfatizó.
El titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria recordó que es hora de actualizar una ley obsoleta y de adaptar la normativa a las necesidades actuales del sector pesquero, que esté a la altura de lo que espera el país y que responda al mercado mundial.
Destacó, entre otros temas, la disposición contenida en el artículo 112, que establece los mecanismos de seguridad que deben tener las embarcaciones, a fin de precautelar la faena pesquera y prevé que los barcos deberán contar con dispositivos de monitoreo satelital, entre otros requerimientos exigidos por las autoridades.
En el debate, varios legisladores expusieron sus puntos de vista con el propósito de aportar al análisis de esta normativa. Así, explicaron que entre los pilares fundamentales de esta ley está la sostenibilidad de los recursos acuícolas y pesqueros que tiene gran incidencia en la economía ecuatoriana.
Igualmente, los miembros de la Comisión de Soberanía resaltaron que el análisis del articulado del proyecto contó con el acompañamiento de la Armada del Ecuador, del Ministerio del Ambiente y de la Subsecretaría de Pesca.
Otros asambleístas hicieron énfasis en que la propuesta hace justicia con un sector productivo que abarca a dos de los tres principales productos de exportación, permite mantener la dolarización, sostener la balanza comercial, genera casi 5 mil millones de dólares y cerca de 250 mil empleos.
Busca superar la inseguridad en el sector, la débil coordinación entre instituciones y actores por la falta de un sistema nacional de pesca y acuicultura y falta de promoción de los productos con programas para la exportación. Está encaminada a proteger el ambiente, a dar sostenibilidad de recursos, promover la seguridad pública e implementará un censo a este sector.
Los parlamentarios aseguraron que la Ley es urgente, considerando que beneficia al sector pesquero, camaronero y contribuye a la economía de los ecuatorianos; genera divisas y empleo que tanta falta le hace al país. Respeta la zona de 8 millas náuticas para la pesca artesanal, que para los pescadores representa lo que la tierra significa para los agricultores.
Crea el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca, el Consejo Consultivo, el Fondo Nacional de fomento a la investigación, para garantizar el control, calidad y seguridad e incentivos para quienes se dedican a esta actividad. Beneficia a toda la cadena productiva, iniciando por el pescador ancestral, artesanal, industrial y la exportación.
En voz de los legisladores, la ley pone al servicio de pescadores, cangrejeros, concheros, jaiberos, camaroneros e industriales una normativa actualizada, acorde con las necesidades del sector y a los requerimientos que la Unión Europea exige para exportar los productos. Contribuye al desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, la conservación del ambiente, el ecosistema y la biodiversidad.
Otros criterios estuvieron direccionados a la necesidad de proteger la industria pesquera y acuícola ecuatoriana, actividades de las que dependen más de 200 mil familias y genera divisas para sostener la dolarización. Además trabajar en dos frentes para el ámbito normativo: las embarcaciones y el ente rector.
Agilidad en los procesos de exportación, que se puede realizar bajo un sistema tecnológico adecuado; que la vida de los pescadores artesanales no solo debe ser regulada por una ley, sino protegida y estimulada con políticas públicas especiales, pues las caletas y los pueblos de pescadores son los más pobres del país.
Esta propuesta de Ley que fue construida con la participación de todos los sectores involucrados, tiene como prioridad establecer régimen jurídico para un mejor desarrollo de las actividades del sector y el fomento de alimentos sanos, es decir, impulsa el buen vivir y asegura la soberanía alimentaria.
El debate fue suspendido luego de la intervencion de 18 asambleistas y de la participacion de los representantes del Ejecutivo y de las diferentes organizaciones de pescadores.
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