Catedráticos de las universidades SEK, Internacional del Ecuador, Central y del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) acudieron a la Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Ximena Peña Pacheco, con el propósito de formular observaciones y propuestas al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
Ximena Peña expresó que la propuesta está en plena construcción, tomando como base la iniciativa presentada por el Defensor Ángel Torres Machuca, por lo que todos los aportes permitirán enriquecer la normativa.
Observaciones
Daniela Bolaños, de la Universidad Internacional SEK, consideró que en la exposición de motivos hay ideas sueltas, por lo que se requiere fijar un hilo conductor que tome en cuenta la estructura y principios constitucionales. Mencionó que la ley debe surgir desde una visión estrictamente técnica, que garantice el debido proceso, al recordar que su promulgación es una deuda establecida en la Constitución.
Señaló que cuando una norma orgánica se refiere a una sola materia, no se la puede dividir en libros y más bien se debe incluir capítulos y títulos. Puntualizó que no es pertinente crear la Escuela Defensorial, en razón de que el Consejo de la Judicatura cuenta con un centro específico para la capacitación de los funcionarios que forman parte de la Función Judicial.
Para Catherine Ricaurte, docente del IAEN, el proyecto debe manejar conceptos de racionalidad de tipo lingüístico (comunicativa, de fácil entendimiento por el destinatario); armonizar con el ordenamiento jurídico; tecnológico, que consolide el servicio de defensa gratuito.
Hay que darle continuidad al ejercicio de los defensores, para que la gestión la realicen con total solvencia desde el inicio hasta el final de la causa, puesto que el cambio, bajo el entendido de ser un servicio público, retardaría el proceso y afectaría el derecho de los ciudadanos, agregó.
MG/cz
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