Asambleístas destacan que el Pleno resuelva juicios políticos en instancia final

Martes, 11 de febrero del 2020 - 18:06 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Este martes, en la continuación de la sesión 656 del Pleno, se cumplió la segunda jornada de debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en base al informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

En primer lugar intervino la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña Pacheco. Explicó que la propuesta agrupa a 26 proyectos de ley que modifican 77 artículos de la norma vigente. Aseguró que el cuerpo legal implementado hace 10 años, merece una profunda revisión, con sentido de realidad de la Primera Función del Estado, para que se convierta en un modelo de democracia representativa.

Peña mencionó que el Procurador y el Contralor General del Estado deberán cumplir con la rendición de cuentas de su gestión ante el Pleno, al igual que lo hacen las autoridades de control, en enero de cada año. Indicó que se armoniza como causal de destitución del Presidente de la República la existencia de una grave crisis política y conmoción interna. Todo funcionario con rango de ministro será sujeto de enjuiciamiento político.

Sobre el caso de ausencia temporal por cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario de un legislador, este pedirá licencia sin sueldo hasta que recupere la libertad o reciba sentencia condenatoria, puntualizó.

La legisladora argumentó que como causal de destitución de un asambleísta, se determina la recepción de derechos, cuotas, contribuciones, rentas intereses, sueldos o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. La autorización para iniciar enjuiciamiento penal contra un legislador y su destitución deberá contar con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea.

Observaciones

Los asambleístas destacaron los alcances de la propuesta encaminada a que la Comisión de Fiscalización y Control Político tenga carácter permanente, de forma similar  a las demás mesas especializadas. Resaltaron la trascendencia que, más allá de un pronunciamiento desfavorable del organismo fiscalizador, el Pleno de la Asamblea, en última instancia, resuelva si procede o no iniciar un proceso de juicio político. 

Pusieron de manifiesto la reforma que establece que una comisión incorpore las observaciones de los parlamentarios en el debate de un cuerpo legal, evitando la discrecionalidad del ponente, quien incluye temas de última hora, con marcados intereses particulares o de ciertos grupos.

También señalaron que es fundamental la creación del Comité de Ética como una instancia de análisis de la conducta de los legisladores. La asambleísta Peña destacó que la sanción no es potestad de dicho organismo, sino del Pleno.

En el debate se expuso que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenga potestad administrativa tanto en las Comisiones Ocasionales como Especiales. Además, se propuso que únicamente se den dos cambios de orden del día, durante una sesión plenaria.

Los parlamentarios solicitaron que las sesiones en el Pleno y en las comisiones se inicien a la hora señalada y que los asambleístas que no asistan justifiquen documentadamente.

MG/ea

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