Al seno de la Comisión de Derechos Colectivos acudió un grupo de personas del barrio Mirador, de la ciudad de Quito. Ellos mencionaron que participan en el programa “Regula tu barrio” del Distrito Metropolitano de Quito, pero mientras se llevan adelante los procesos, son invadidos por grupos de ciudadanos que quieren adueñarse de esas tierras.
José Jácome, en representación del Comité Mirador Simón Bolívar, indicó que quienes habitan en el barrio reciben constantes amenazas y son agredidos, lo cual les impide vivir en paz y tranquilidad. Además, no cuentan con resguardo policial, lo cual hace que el problema se agrave.
Jácome pidió a los parlamentarios hacer seguimiento a este problema a fin de evitar más caos, que el Municipio de Quito agilite los procesos para su regularización y que los concejales del Distrito Metropolitano de Quito les reciban para exponer sobre las constantes amenazas que enfrentan.
Luego de escuchar al representante del Comité del Barrio Mirador, los comisionados resolvieron hacer seguimiento a esta denuncia y gestionar para que puedan ocupar la silla vacía en el Municipio.
El legislador Juan Cristóbal Lloret dijo que independientemente de que los procesos de regularización de lotes sigan su trámite, la Policía Nacional debe brindar seguridad a los ciudadanos para alcanzar barrios seguros.
Mientras que el asambleísta Tito Puarchir fue enfático al señalar que si el pueblo mandante pide el apoyo de la Asamblea Nacional y, en este caso específico a la Comisión de Derechos Colectivos, hay que escuchar su clamor y hacer seguimiento al caso, a fin de dar solución a la problemática que enfrentan.
En otro orden, a la Comisión debían acudir los ministros de Agricultura y Ambiente, con quienes se analizaría la presunta violación de derechos de tierra de las comunas Paquishapa, Cumbe, Molle, Quillín y Cañaro, del cantón Saraguro de la provincia de Loja, sin embargo, las autoridades se excusaron de asistir y solicitaron ser recibidos en otra ocasión.
Igualmente, los parlamentarios invitaron a Ricardo Freire Granja, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, quien debía exponer los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron y justificaron la extinción del título habilitante de radio Pichincha Universal, pero, tampoco se dio cita. Los comisionados dijeron que insistirán para que las autoridades acudan al seno de la mesa legislativa.
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