La Comisión de Biodiversidad desde mayo de 2019 a febrero de 2020 realizó 20 sesiones de trabajo. Entre los resultados del trabajo, la comisión trató temas relacionados con los alcances del decreto ejecutivo 751 por el cual, supuestamente, se amplía la zona de explotación petrolera en el territorio de los Tagaeri y Taromenane, ubicado en el Parque Nacional Yasuní.
Por este tema citó a autoridades de distintas carteras de Estado y envió una carta al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés para solicitar la eliminación del citado decreto.
En materia de fiscalización, los comisionados invitaron al Ministro de Recursos Naturales no Renovables para que informe sobre las acciones tomadas en lo que respecta la remediación sobre el derrame de petróleo registrado en la parroquia Chonta Punta, Bloque 21 en la provincia del Napo. Así también, sobre la construcción de la Central Hidroeléctrica del Río Piatúa, en el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza; y, el estado en que se encuentra el proceso de prospección y explotación petrolera en el bloque 28.
Otro tema que investigó la mesa legislativa fue lo referido a la creación de las universidades estatales de las provincias amazónicas de Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Así también, sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones previstas en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Para que expliquen sobre estos temas, los comisionados recibieron a Julia Landázuri, Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA); Alex Hurtado Borbúa, gobernador de Napo y Presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA; Agustín Albán Maldonado, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt); Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior (CES); y, Andrés Madero, ministro de Trabajo.
En otro orden, la Comisión recibió a los titulares del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; quienes explicaron sobre la denuncia presentada por los representantes de Acuatilsa y Asoarapaima em lo referido a la pérdida de cinco mil alevines de “PAICHE” en la Aduana del Aeropuerto de Quito y sobre temas referentes a la creación y atención de necesidades de los productores en el campo acuícola-paiche.
Em matéria legislativa, los comissionados revisaron integralmente la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, cuyas reformas están orientadas a garantizar la conservación del patromonio natural, el establecimiento de políticas públicas de atención prioritária a esta región del país, así como, defender el derecho preferente para los residentes permanentes de la región insular, entre otros aspectos.
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