Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, destacó el trabajo cumplido por la mesa legislativa en el tratamiento de procesos de juicio político calificados por el Consejo de Administración Legislativa y las resoluciones tomadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Son ocho causas que siguieron su curso en la mesa legislativa y terminaron con el respectivo informe, aseguró el parlamentario.
Entre ellas, el pedido de juicio político presentado por la asambleísta Mae Montaño, contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa, a quien le acusó del mal manejo de recursos, incumplimiento de funciones y mala asistencia de salud, así como los procesos poco éticos en cuanto pruebas rápidas de personas con VIH Sida. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la censura y destitución.
Otro de los temas tratados en la Comisión fue el pedido presentado por los parlamentarios Jeannine Cruz, Raúl Tello y Fabricio Villamar contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez y los concejeros Walter Gómez, Victoria Desintonio, María Rosa Chalá. La Comisión hizo su trabajo y develó, en su momento, que Tuárez al margen de la función que le correspondía ejercer, utilizaba la institución para hacer promoción política. El informe elaborado por la mesa legislativa sirvió de base para que la justicia ordinaria siga su investigación por hechos de corrupción, agregó.
Azuero también se refirió al pedido de juicio político planteado por la asambleísta Lira Villalba, en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura: Marcelo Merlo Jaramillo, Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Angélica Porras y Juan Pablo Albán. Dijo que el Pleno de la Comisión resolvió archivar el proceso de enjuiciamiento político por no existir causales.
Sobre el caso arroz verde, Azuero recordó que el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que la Comisión de Fiscalización haga un estudio y análisis de las publicaciones de los medios digitales “La Fuente” y “Mil Hojas”, titulado “Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador”, a fin de recopilar información relacionada con estas publicaciones en las que se denuncia la supuesta utilización de recursos públicos de gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones del Estado, así como de fondos recaudados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas.
El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización indicó que los comisionados observaron que hubo una trama de corrupción que involucró contratos del Estado. El proceso terminó con un informe que fue derivado a la Fiscalía que sirvió de base para la investigación respectiva.
Así mismo, los comisionados llevaron adelante el pedido de juicio político presentado por los asambleístas Lira Villalba y Juan Cristóbal Lloret, contra el exministro de Cultura, Raúl Pérez, quien manifestó que en efecto transgredió la facultad interpretativa de una norma que le corresponde al Parlamento. La Comisión recomendó su enjuiciamiento político. En el Pleno no hubo los votos necesarios para su censura, precisó.
Igualmente, la mesa analizó el pedido de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, propuesto por los legisladores: Jeannine Cruz y Fernando Flores. A criterio de Eliseo Azuero, en el proceso se presentaron pruebas que no tenían la fuerza necesaria para concluir en juicio político, más se evidenció que los hechos debían ser denunciados en la Función Judicial, razón por la cual terminó en archivo.
También, por disposición del Pleno, al seno de la Comisión comparecieron los titulares de la Superintendencia de Compañías, de la Corporación Financiera Nacional, del Banco Central del Ecuador y de Seguros Sucre, por el caso atinente a esta última entidad.
Eliseo Azuero subrayó que en todos los procesos que llevó adelante la Comisión de Fiscalización se respetó el debido proceso.
Actividades 2020
El asambleísta Azuero indicó que, luego del receso legislativo, la mesa concluirá procesos que iniciaron su trámite. Entre ellos: la investigación en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (Cnel EP), por hechos de corrupción y mala asistencia a los trabajadores que son beneficiados de la gestión de esta empresa, y la aplicabilidad de la Ley Amazónica.
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