La problemática sobre despidos de los trabajadores en torno a la emergencia sanitaria afectada por el Covid-19 convocó a los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Este viernes 3 de abril la mesa legislativa conoció la demanda de los sectores florícolas del norte del país.
La asambleísta Mónica Alemán sostuvo que a pretexto de la crisis sanitaria que vive el país, hay más de 2000 trabajadores en Tabacundo que han sido notificados, hecho que calificó de abuso y vulneración de derechos. Hizo un llamado a los empresarios y empleadores a la correcta aplicación del artículo 169.6 del Código de Trabajo, pues están incurriendo en ilegalidades y en transgresión de la norma. Demandó del Defensor del Pueblo la vigilancia de estos derechos y que exhorte al Estado ecuatoriano a emprender las acciones necesarias para proteger los derechos de los trabajadores.
De su lado, el doctor Carlos Vallejo Burneo, representante de los trabajadores de florícolas del sector de Pedro Moncayo y Cayambe, indicó que las empresas que han tomado esta medida de forma coincidencial o planificada son las que tienen más años trabajando en el sector agrícola. Mencionó que dentro de las 2500 personas despedidas constan trabajadores que estaban cerca de jubilarse, de la tercera edad, en estado de gestación y con discapacidad.
Solicitó se exhorte al Ministerio de Trabajo, para que emita un pronunciamiento sobre la interpretación del artículo 169.6 con relación a la cuarentena; además, inspecciones focalizadas y directas a todas las florícolas, así como el inicio de acciones, de ser el caso. Además, al IESS para que todas las personas que han sido despedidas de forma ilegal, puedan acceder a la bonificación, seguro de desempleo y al retiro de fondo de cesantía.
Efraín Ortega Ledesma, extrabajador de CONFITECA, dio su testimonio de presunta desvinculación de manera intempestiva. Apeló, para que se les entregue sus liquidaciones que por ley les corresponde. Mientras que Luis Chica, abogado de los extrabajadores de la empresa, aseguró que no existen los requisitos que dispone el artículo 169 para el despido de 140 trabajadores.
Por último, Mesías Tatamúez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) pidió, que se haga un solo frente a la ola de despidos masivos que se han dado, tanto en sector público como en el privado. Que sea el Ministerio de Trabajo un garantista de derechos laborales, poniendo las utilidades como un ejemplo, pues su pago íntegro debe darse debido a que corresponden al periodo fiscal 2019.
Marcela Holguín recordó que la liquidación de los trabajadores es una obligación y un derecho. Señaló que los empleadores deben buscar mecanismos y acuerdos para evitar despidos intempestivos.
Hoja de ruta
La Mesa Legislativa revisará algunos parámetros en referencia a los acuerdos emitidos por el Ministerio de Trabajo desde la declaratoria del estado de excepción. Asimismo, pedirán información al Ministro del ramo, sobre la base legal y constitucional con que fueron emitidos los acuerdos ministeriales, referentes a la prórroga de utilidades del año 2019, más aún cuando, dicho beneficio debió haber sido pagado o presupuestado por las empresas en favor de sus trabajadores.
La presidenta de la Comisión, Karina Arteaga, anticipó que el equipo técnico elaborará un borrador de proyecto de Ley Interpretativa al artículo 169.6 que pondrá a consideración al Pleno de la Comisión.
Nuevas modalidades contractuales
En otro orden, previamente, los legisladores conocieron el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social para la Implementación de Nuevas Modalidades Contractuales, propuesto por el asambleísta Vicente Taiano Basante y que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, el 23 de marzo pasado.
La propuesta plantea regresar al contrato fijo que puede durar hasta dos años en nuevas empresas o en la creación de nuevas plazas de trabajo dentro de una compañía ya constituida, bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo, en las que se mantengan los beneficios de seguridad social y pago de horas extras. Además, regular el contrato de emprendimiento y que se pueda suscribir un contrato de plazo fijo hasta tres años. En el primer año, si el emprendimiento generó utilidades, sean reinvertidas en el emprendimiento para darle seguridad al trabajador.
De igual forma, propone la suscripción de un acuerdo de trabajo hasta por dos años, en el que la afiliación también cueste menos, que el aporte sea solo a salud y riesgos de trabajo, pero que sí haya historial laboral; regula el teletrabajo para crear una relación laboral y establecer el aporte al IESS, enfocado solo a salud.
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