La coyuntura laboral en el país, ocasionada por la emergencia sanitaria por coronavirus, convocó a los asambleístas este jueves 9 de abril, en la sesión del Pleno 661. El titular de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, presidió la reunión a la que comparecieron las centrales sindicales y el sector empresarial para buscar mecanismos que den solución a la problemática.
Por un lado, el sector productivo que genera pérdidas incalculables; y, por otro, trabajadores de empresas públicas y privadas desvinculados al amparo del artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo, que establece como causal para dar por concluida la relación laboral, el caso fortuito o fuerza mayor. En tanto, el gobierno trabaja para delinear una iniciativa de reforma económica y laboral para dar alivio a todos actores.
Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (con más de 10 mil socios) y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, cree que uno de los pasos para minimizar el impacto de la crisis sobre los ingresos de los hogares es la postergación de la declaración del Impuesto a la Renta. Plantea transformar el seguro de desempleo en seguro de empleo base legal para negociar el pago diferido de la parte del sueldo o reducción de la remuneración y reducir las horas que se pagan hasta que guarde relación con la nueva realidad.
Por su parte, Mesías Tatamúez, de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), expresó su desacuerdo con la postergación en el pago de las utilidades y censuró la mala aplicación del artículo 169 del Código de Trabajo, para despedir a los trabajadores. Demandó la aprobación de un nuevo Código Integral de Trabajo (COIT) que garantice sus derechos, idea que fue compartida por Richard Gómez, de la Central Única de Trabajadores, quien dijo que con la norma se podrá sancionar a quienes incumplan. Sugirió que el delegado de los trabajadores en el IESS sea elegido en forma directa y criticó la falta de protección para los trabajadores de la salud.
Los legisladores también escucharon al experto laboral Rodrigo Salazar, quien sostuvo que no cabe aplicar la causal sexta en contratos individuales y colectivos porque existen alternativas laborales, como suspensión, modificación, reducción de la jornada, vacaciones y teletrabajo. Dijo que el artículo 169 del COIT solo debe utilizarse cuando genere imposibilidad al trabajador de ejercer su actividad. Además, que la crisis demanda acción conjunta de todos los actores y ante una precarización de la situación de las familias se requiere la protección del Estado.
Mientras que de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), Iván Bastidas Ordoñez demandó de protocolos de salud y seguridad para todos los sectores que trabajan en primera línea, la reinserción de los profesionales de la salud que fueron despedidos y la protección de sus derechos. También propuso impulsar el diálogo social que reconozca los derechos colectivos y conformar mesas de concentración laboral por sector que incluyan todas las organizaciones y a las instancias de gobierno.
Del lado los trabajadores autónomos, intervino Roberto Samueza, quien al explicar los graves problemas que tienen los vendedores autónomos en la calle y una ganancia de 8 dólares diarios pidió créditos a bajo costo y fuentes de empleo. También una ley que los proteja, para tener un seguro de vida, por ejemplo.
En tanto, Adrián Ibarra, vocero de los trabajadores de Infocentros Comunitarios, solicitó al Pleno de la Asamblea presentar una resolución en la cual se rechace la decisión del Ministerio de Telecomunicaciones de cerrar los infocentros a escala nacional. Sostuvo que si se adopta esta medida, 1100 servidores públicos perderían su empleo. Destacó que estas entidades cumplen también la función de Centros de Desarrollo Comunitario, incubadoras y emprendimientos.
Jaime Arciniega, representante del Parlamento Laboral, apuntó que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ya mencionó que los impactos por el Covid-19 serían catastróficos, sin embargo, sostuvo que las instituciones del Estado deben velar por la protección del ciudadano y especialmente por los más vulnerables. Expresó que los empresarios y trabajadores tienen una enorme responsabilidad para sacar al país adelante, para lo cual se debe fomentar una política que proteja la producción nacional e impulse campañas de consumo.
Pablo Zambrano, presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción puntualizó que el principal problema del sector productivo es la falta de liquidez, por lo que sostuvo que muchos negocios cerrarán sus puertas. En materia laboral propuso licencia o suspensión de contratos laborales por mutuo acuerdo, mientras dure la emergencia, utilizar la figura de jornada parcial de trabajo, volver a los contratos a plazo fijo, poner límite a las indemnizaciones laborales y la sustitución de la jubilación patronal.
Henry Yandún, representante del sector constructor, señaló que la construcción se ha visto afectada por la crisis, sin embargo, sostuvo que el compromiso de los constructores es innovar para abaratar costos. Pidió que la banca privada se sume a la entrega de créditos hipotecarios, pues indicó que solo dos bancos otorgan préstamos para este fin. Al mismo tiempo, sugirió regresar a los contratos a plazo fijo, ampliar el periodo de prueba del empleador, migrar a contratos de jornadas parciales y que se modifique la Ley de Contratación Pública.
ÍItalo Cardona, especialista en Ley y Administración Laboral de Organización Internacional del Trabajo (OIT), manifestó que la organización hizo un llamado a empresarios y trabajadores para de manera conjunta buscar alternativas que permitan proteger el empleo. Señaló que los sectores que económicamente se verán más afectados por la pandemia son: turístico, servicios de comida, industrias manufactureras y construcción. También sostuvo que la OIT ha establecido cuatro pilares para que el empleo no se vea afectado: estimular la economía, apoyar a empresas, empleo e ingresos, proteger a los trabajadores y buscar soluciones mediante el diálogo social.
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